Declaran ante el juez cuatro funcionarios de prisiones por abusos a reclusas

Según ha explicado a los periodistas Miguel de los Santos, abogado de uno de los imputados, su defendido, al igual que los otros tres funcionarios, "ha rechazado total y radicalmente" los hechos que se les atribuyen.

En el mismo sentido se ha expresado Ángeles López, que ejerce la acusación popular en el caso por la Asociación Clara Campoamor, si bien considera que "sí hay indicios racionales" para continuar adelante con el proceso y que "se debe seguir investigando".

Ninguno de los cuatro imputados he hecho declaraciones a los periodistas en el exterior de los juzgados, aunque uno de ellos les ha insultado mientras se tapaba la cara y otro se ha encarado con los informadores, llegando a agredir a un cámara de televisión.

Tras la declaración de su defendido, Miguel de los Santos ha dicho que desde su punto de vista "no hay nada" y por ello solicitará "el sobreseimiento", tal y como considera que podrían hacer los otros tres funcionarios que han expresado su "rechazo total y radical" de las acusaciones.

"Es muy flojo lo que hay", ha insistido, antes de poner como ejemplo el hecho de que una de las acusaciones contra su defendido se centraba en el mantenimiento de relaciones sexuales "en días concretos en los que ni siquiera estaba de servicio y ni siquiera en la prisión".

Por su parte, la representante de la Asociación Clara Campoamor ha señalado que los funcionarios han coincidido al "negar las imputaciones", interpretando que las internas "denuncian en falso para obtener ventajas penitenciarias" vinculadas con "un mejor trato, blindarse de alguna manera frente a los partes y traslados".

Tras señalar que en su condición de acusación popular solicitará más pruebas, ha comentado que "no todos" los imputados tienen "la misma implicación".

En este contexto, considera que "sí hay indicios racionales" para seguir adelante con el proceso y que "se debe seguir investigando", aunque ha optado por la "prudencia", ya que no desea que "nadie" se vea "afectado en su honor" en una ciudad "pequeña" como Ávila.

En torno a estos hechos, que se remontan al año 2013, Instituciones Penitenciarias abrió una información reservada para determinar lo sucedido, antes de ponerlos en conocimiento de la Justicia, después de que varios inspectores se trasladaran a la prisión abulense para tomar declaración a funcionarios e internas.