El empresario Sayago, imputado por los ERE, invirtió en un "territorio yermo"

Sayago se acogió el pasado 29 de abril a su derecho a no declarar pero su abogado Juan Carlos Alférez, en un escrito, pidió que "no se malinterprete su silencio" y anunció que es posible que más adelante pida comparecer voluntariamente "cuando tenga plenamente conformada su estrategia defensiva".

Sayago y su socio José Enrique Rosendo fueron adjudicatarios de 34 millones de euros de la Junta para sus empresas y, según su escrito, fueron ayudas pedidas "legítimamente" y para las que presentó "un completo proyecto del grupo empresarial diversificado".

En respuesta a la imputación de haber creado numerosas empresas con el único fin de recibir subvenciones, Sayago afirma que "cada una de las sociedades tenía un concreto sentido y finalidad" y que "era necesario contar con un nutrido número de personas jurídicas que diesen sentido a un ambicioso proyecto empresarial".

Hay que enmarcar dicho grupo en un contexto de "nula existencia de empresarios decididos a establecerse en un territorio yermo en lo que a empresas concernía, como el de la Sierra Norte de Sevilla", según el escrito al que ha tenido acceso Efe.

Las subvenciones "fueron legítimamente solicitadas", Sayago actuó "en la perfecta creencia de que eran válidas" y fueron obtenidas sin "influencias políticas ni amistades personales de ninguna clase", afirma el abogado del empresario.

Añade que "todas y cada una de las ayudas se aplicaron a proyectos generadores de empleo", como demostrará la defensa, sostiene, en contra del análisis de la Guardia Civil.

El escrito precisa que Sayago fue informado desde el inicio de la causa de que podría ser condenado hasta a ocho años de cárcel "según prudente estimación" y pese a ello no ha intentado huir de la justicia en estos años y sigue llevando la vida de "cualquier familia de clase media-baja española", viviendo al día y manteniendo "dignamente" a sus hijos.

El empresario -a quien la juez Alaya ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 26 millones de euros- lleva "una vida familiar estable", tiene dos hijos menores de edad escolarizados y "ni siquiera llega a representarse como opción la sustracción a la acción de la justicia", según la defensa.

Por otra parte, Alférez pide que en este caso se aplique el principio de "intervención mínima del Derecho Penal" puesto que todas las ayudas investigadas están siendo revisadas de oficio en los juzgados de lo contencioso-administrativo.