La 'no' colegiación costará 3.318 millones de euros al PIB

El impacto macroeconómico derivado de la libertad de colegiación profesional, introducida por la futura Ley de Servicios y Colegios Profesionales, supondrá una disminución del PIB de 3.318 millones de euros, según las estimaciones realizadas por Unión Profesional (UP) en sus alegaciones al Ministerio de Economía y Competitividad sobre el texto del anteproyecto.

La futura ley prevé la colegiación obligatoria para una serie de profesiones jurídicas, sanitarias y de ingeniería, dejando al resto sin la obligación de colegiarse. UP calcula que esta medida afectará a 616.000 profesionales (un 40 por ciento de los colegiados) en el subsector de servicios.

Un cuadro dantesco

Esta organización, que agrupa a 35 consejos de colegios profesionales, considera que estos datos serían resultado de un descenso en el consumo de 1,2 millones de euros en un lustro, una reducción de la inversión en 1,8 millones de euros, una bajada de la exportaciones en 122,42 millones de euros y un aumento de las importaciones en 124,42 millones. Suma a estas cifras, además, una caída en la recaudación de 39,73 millones de euros por la mayor deducción estimada de los seguros de responsabilidad civil de los profesionales, sobre la actual deducción de cuotas colegiales en el Impuesto sobre la Renta (IRPF).

Destaca UP que esta medida generará, en primer lugar, falta de credibilidad de los profesionales ante los consumidores e inestabilidad del empleo. En segundo lugar, una pérdida de credibilidad internacional, ya que la necesidad de control mediante la colegiación está más extendida desde el ámbito socio económico y político como factor de certidumbre sobre el nivel de calidad en la prestación de los servicios. Y, en tercer lugar, un impacto de carácter negativo en la movilidad y empleabilidad de los profesionales.

La movilidad en el ámbito internacional sería más dificultosa puesto que la colegiación es un factor de homologación importante con los profesionales europeos.

Además, se resalta el hecho de que las corporaciones colegiales tienen funciones públicas encomendadas por la ley con el fin de garantizar su independencia. En este sentido, la función de control que se otorga a las Administraciones "supone una injerencia en estas organizaciones de la sociedad civil, convirtiéndolas en un órgano administrativo inferior y subordinado al correspondiente Departamento o Ministerio y quebrando su imprescindible independencia".

El decano del Colegio de Abogados de Barcelona, Oriol Rusca, criticó ayer la diferencia que incluye el anteproyecto entre los abogados que asesoran y trabajan por cuenta ajena y los que acuden a los juzgados, porque acaba con la colegiación obligatoria de los abogados.

Por su parte, el Consejo de Colegios de Gestores Administrativos, que preside en funciones Alfonso Lluzar, argumentó que por su condición normativa de colaboradores de la Administración siempre han ejercido la profesión de manera colegiada, ya que al ser una profesión regulada, son ellos quienes preservan la protección jurídica del ciudadano. "A partir de ahora crecerán los chiringuitos", advirtió.