La Policía dice que el equipo anterior autorizó a los agentes a ir encapuchados

Así lo han señalado a Efe fuentes policiales en relación con la decisión del director adjunto operativo de la Policía, Eugenio Pino, de abrir una investigación después de que varios abogados que el pasado 10 de febrero asistieron a nueve detenidos del 15M tras una manifestación contra la reforma laboral en Madrid hayan denunciado que éstos fueron interrogados por agentes encapuchados.

Las fuentes consultadas han señalado que, en cuanto ha tenido conocimiento de los hechos denunciados, el actual jefe superior de Madrid, Alfonso José Fernández, ha revocado la autorización dada por su antecesor, fallecido el pasado mes de diciembre.

No obstante, las mismas fuentes han subrayado que la práctica no era ilegal y que tenía por objeto que los agentes -que van de paisano y se encargan de vigilar a las personas que se infiltran en las manifestaciones y causan incidentes violentos- no fueran reconocidos al ejercer su trabajo en la calle.

La investigación ordenada por el director adjunto operativo tiene como objetivo recopilar toda la información sobre los hechos para determinar si hubo alguna responsabilidad disciplinaria y, en su caso, abrir un expediente a los agentes que tomaron las declaraciones en la Brigada Provincial de Información.

Pino ha tomado esta decisión después de que el Colegio de Abogados de Madrid trasladara a la Policía un escrito en el que varios letrados aseguran que personas encapuchadas intervinieron en las declaraciones y el atestado, como instructor y secretario, sin que hubiera forma de comprobar que "eran realmente los funcionarios que decían ser" o incluso si eran policías.

Según la Asociación Libre de Abogados (ALA), de la que forman parte varios de los letrados que asistieron a los detenidos, esta práctica vulneró tanto el derecho de defensa como la dignidad de los arrestados y los abogados.

Una de las letradas que estuvo ese día en la Comisaría de Moratalaz ha añadido en declaraciones a Efe que tampoco se respetó la privacidad de las reuniones mantenidas con sus clientes, ya que los agentes no permitieron que la puerta estuviese cerrada y les interrumpieron constantemente.

Fuentes del Colegio de Abogados de Madrid han asegurado a Efe que, además de trasladar la queja, la institución ha pedido a la Policía que informe sobre las circunstancias en las que se produjeron las declaraciones de los detenidos ante la denuncia de una posible vulneración del derecho de defensa.