El abogado de Garzón sostiene que sus decisiones son defendibles y razonables

Así lo ha sostenido el letrado en su informe final en el Tribunal Supremo, en el que ha calificado de fraude procesal que Manos Limpias haya modificado sus conclusiones para incluir "como eje de toda su argumentación" la querella presentada contra Santiago Carrillo por las familias de las víctimas de Paracuellos, que Garzón archivó en 1998.

A pesar de considerar que esa querella no tiene relación con el caso, González-Fresneda ha respondido a Manos Limpias, que ha acusado a Garzón de abrir una causa general contra un solo bando, que los sucesos de Paracuellos ya fueron juzgados por el propio régimen franquista.

"Eso fue una causa general y no esto", ha dicho tras destacar que, aunque desde el punto de vista moral los hechos son igual de repugnantes, no tienen parangón desde el punto de vista jurídico porque aquellas víctimas fueron identificadas y honradas, recibieron una indemnización y fueron reparadas en lo posible.

Las víctimas del franquismo, sin embargo, estaban en situación "de total abandono", ha añadido, para recordar que tras admitir a trámite las denuncias y antes de pronunciarse sobre su competencia, Garzón trató de determinar el número exacto de desaparecidos y se encontró con que ni la Administración, ni los tribunales, ni los Ayuntamientos, ni los cementerios tenían ese dato.

"Ello refuerza la imagen de que estamos hablando de un problema global de desaparecidos física y civilmente de los que no había quedado rastro alguno", ha dicho Martínez-Fresneda, que ha señalado que, al retirarle la competencia, la sala de lo penal de la Audiencia Nacional "salvó expresamente" esas actuaciones, que permitieron concluir que hubo entre 114.000 y 130.000 desaparecidos.

La defensa ha vuelto a criticar que durante la instrucción el magistrado Varela corrigiera los defectos del escrito de acusación y que el auto de imputación fuera una "bomba de racimo" que le obligó a hacer frente a un aluvión de imputaciones y falsos reproches.

Además ha salido al paso de los "chistes" o "gracietas" de Manos Limpias, comparando los crímenes del franquismo con los fusilamientos del 2 de mayo o insistiendo en que el juez pidió un certificado de defunción de Francisco Franco, lo que a juicio de la defensa demuestra "ignorancia y frivolidad" y un "desconocimiento absoluto" del derecho penal nacional e internacional.

El letrado ha explicado que las denuncias de las asociaciones de la Memoria Histórica se vieron motivadas porque en la Audiencia Nacional se abrieron otros procedimientos por hechos similares en Argentina y en Chile, lo que les animó a pedir que se persiguieran penalmente las desapariciones forzadas y los delitos de lesa humanidad.

Todas esas denuncias vinculan los hechos con el golpe militar de 1936 y llegan a la conclusión de que hay miles de desaparecidos, incluidos menores de edad, lo que justifica que Garzón hable de un delito contra altos organismos de la nación, cuya competencia corresponde a la Audiencia Nacional.

Martínez-Fresneda también ha dicho que Garzón no vulneró la Ley de Amnistía de 1977, porque el delito político no está definido, y ha considerado que el Supremo debería decidir si todos estos crímenes, odios y venganzas merecen quedar bajo el paraguas de la "intencionalidad política".

Igualmente, ha negado que la aprobación en 2008 de la ley de Memoria Histórica implique que los tribunales no puedan investigar los crímenes.

"La Ley de Memoria Histórica no entra en conflicto con las actuaciones de mi defendido. Es compatible", ha dicho González-Fresneda, que ha añadido que esa norma "no puede suponer una derogación de la jurisdicción" para esclarecer miles de desapariciones.

El abogado ha solicitado a la sala la absolución de Garzón, reconociendo que llegados a este trance su única y modesta pretensión es que el tribunal admita que las decisiones del juez son tan defendibles y razonables como las contrarias y que las aplicó pensando que eran las correctas, siendo su máxima preocupación las víctimas del franquismo.