Los imputados apelan al Estatut para juzgar en Cataluña el acoso al Parlament

En un escrito remitido hoy al juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, al que ha tenido acceso Efe, la defensa de los imputados por los actos de acoso a diputados solicitan que el magistrado se inhiba en favor de un juzgado de instrucción de Barcelona, por considerar que ésta es la jurisdicción competente para investigar el delito contra altos organismos de la nación de que están acusados.

Los "indignados" admiten en su recurso que, de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Judicial, corresponde a la Audiencia Nacional enjuiciar los "delitos contra altos organismos de la nación", pero cuestionan que el Parlament de Catalunya entre en esa definición, apelando a la existencia de una "nacionalidad o nación catalana" recogida en el Estatut.

Según su escrito de defensa, son altos organismos de la nación la Corona, las Cortes Generales, el Gobierno, el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, mientras que el Parlament debe ser considerado "un alto organismo de la comunidad autónoma de Cataluña".

Por ese motivo, alegan los indignados, los delitos cometidos contra las asambleas legislativas de las comunidades autónomas deben ser enjuiciados por los órganos judiciales con sede en esos territorios, especialmente teniendo en cuenta que la ley obliga a interpretar de forma restrictiva el ámbito de competencias de la Audiencia Nacional.

En su escrito dirigido al juez, los "indignados" apelan al preámbulo del Estatut, que se refiere a la comunidad catalana como "país" y subraya que el Parlament "ha definido de forma mayoritaria a Cataluña como nación", y al artículo 1, que señala que Cataluña es una nacionalidad.

"Resulta evidente, desde la perspectiva del citado texto, de la existencia de una nacionalidad o nación catalana", prosigue el texto, en el que los imputados se muestran "seguros de que las acusaciones del Parlament y del Gobierno de Cataluña avalarán este planteamiento así como el contenido de dicho preámbulo".

El escrito presentado por los "imputados" intenta forzar a la cámara catalana y al gobierno autonómico, que se han personado como acusación particular en la causa, a posicionarse ante su petición en los próximos días, una vez el juez instructor les dé traslado de la cuestión de competencia planteada.

Aunque la jurisprudencia sobre los delitos contra instituciones del Estado es mínima, los abogados de los "indignados" fundamentan su petición en el precedente de una entrada violenta de trabajadores en el Parlamento de Galicia que fue juzgada por la Audiencia de A Coruña.

Esa sentencia, recuerda el recurso, fue confirmada por el Tribunal Supremo, sin que ni éste ni la Fiscalía cuestionaran en ningún momento la competencia de los juzgados gallegos sobre los hechos.

El bloqueo del Parlament del pasado 15 de junio acabó en la Audiencia Nacional a raíz de una querella presentada por el sindicato ultraderechista Manos Limpias contra el colectivo de "indignados", en la que la Fiscalía pidió a ese tribunal que se declarara competente para investigar los actos de acoso a diputados.