Infraestructuras y Servicios

Saba pleitea por el golpe del covid a sus concesiones públicas

  • Pugna con ayuntamientos y administraciones para prorrogar los contratos afectados por el coronavirus 
  • Ya salieron las primeras sentencias, pero se espera que el conflicto acabe en el Tribunal Supremo 
  • Con las empresas privadas sí se pudo llegar a acuerdos con mayor facilidad 
Josep Martínez Vila, consejero delegado de Saba, y Salvador Alemany, su presidente. EE
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El coronavirus todavía colea en Saba. Aunque cerró en 2023 por primera vez por encima de sus resultados prepandemia, la suspensión de la movilidad de 2020 todavía ocupa a la cúpula de la empresa de aparcamientos. La compañía pleitea con distintos ayuntamientos y administraciones debido al impacto que el estado de alarma tuvo en sus concesiones públicas.

En la última junta de accionistas, el presidente del grupo, Salvador Alemany, señaló que el grupo ha reclamado a varias administraciones prorrogar el vencimiento de las concesiones que tenían firmadas por lo que supuso el coronavirus a su negocio. Los aparcamientos fueron declarados esenciales, por lo que siguieron abiertos. Y aunque las cuotas de los abonados se mantuvieron, la circulación cayó en picado, tanto en el primer ejercicio de la pandemia como por las restricciones a la movilidad aplicadas también durante 2022, como los confinamientos perimetrales.

El dirigente señaló que no buscan una indemnización, sino extender la duración de los contratos para reequilibrar la rentabilidad esperada. "Sabemos calcularlo bien", aseguró. Sin embargo, también matizó: "En muchos de los lugares no será rápido".

También en su informe anual, la organización participada al 99,5% por Criteria, explica estar activa "en el proceso de solicitud de reequilibrios de las concesiones para corregir el impacto de la Covid-19, teniendo en cuenta que Saba siguió prestando los servicios a lo largo de la pandemia, al ser considerados esenciales, pese a las drásticas restricciones circulatorias".

El conflicto se prolonga desde hace meses y tras una negociación administrativa ha dado el salto a los juzgados en varias comunidades autónomas. elEconomista.es ha identificado sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia de Cataluña, Galicia y la Comunidad Valenciana por las discrepancias mantenidas con los ayuntamientos de Sabadell, A Coruña y Elche. Si en el caso catalán y gallego la justicia da la razón a los consistorios, en el caso valenciano sí estima las peticiones de la empresa basada en unos cálculos realizados por KPMG.

Ante esta disparidad de criterios, desde Saba auguran que los diferentes casos acabarán en el Tribunal Supremo, que será el responsable de marcar la línea a seguir en la totalidad de los procedimientos abiertos.

La judicialización de las concesiones se centra en aquellas firmadas con ayuntamientos y administraciones públicas. En el caso de los servicios prestados para empresas -aunque sean públicas, como Adif- sí se alcanzaron acuerdos para prorrogar los contratos sellados previamente al coronavirus. En el caso del gestor ferroviario, se extendió por seis meses.

Saba vuelve a niveles de 2019

La junta de accionistas sirvió también para que el capital aprobase las cuentas de la organización que, por primera vez, registró unos ingresos y un ebitda superiores a los anteriores a la pandemia. Las ventas fueron de 308 millones y el ebitda se situó en 143 millones, en ambos casos un 12% más que en 2022. Antes del coronavirus, la cifra de negocio era de 296 millones y el resultado bruto de explotación fue de 137 millones.

Sin embargo, el beneficio neto de Saba fue solo de 1 millón de euros. El consejero delegado, Josep Martínez Vila, lo justificó por los costes financieros de la deuda, que se comieron prácticamente todas las ganancias.

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