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Primicia: Dolores Delgado y Baltasar Garzón viven juntos en una mansión con huerto al norte de Madrid

Este mismo sábado, Dolores Delgado regresaba a los titulares porque Pedro Sánchez ha encargado a la ex ministra de Justicia una reforma del reglamento del Ministerio Fiscal que determinará vía decreto los derechos y deberes de los miembros de la carrera fiscal, la provisión de destinos y sustituciones o las incompatibilidades, así como las prohibiciones y responsabilidades de estos funcionarios de Justicia.

Pero la Fiscal General del Estado es también hoy noticia por otra razón más personal. Dolores DelgadoBaltasar Garzón han descubierto las delicias de vivir en la naturaleza, entre animales y rodeados de un paisaje idílico y apacible.

La ex ministra de Justicia de Pedro Sánchez y el abogado Garzón, antiguo juez de la Audiencia Nacional, son pareja desde hace más de dos años y, si al inicio de su relación vivían su romance con cierta discreción, ya no ocultan que son pareja desde que el ex magistrado se ha divorciado finalmente de Rosario Molina, profesora de biología con la que contrajo matrimonio hace 40 años y madre de sus tres hijos, María, Baltasar y Aurora, que le han hecho abuelo. Fue Rosario la que estuvo al lado del exmagistrado cuando en marzo de 2021 el ex juez estuvo muy grave por coronavirus.

Pero ahora Garzón vive abiertamente su amor por la fiscal. La amistad de Delgado y Garzón comenzó al menos hace 25 años, cuando ella, fiscal treintañera, llegó a la Audiencia donde el jienense ejercía como fiscal antidroga.

Delgado, de 59 años, está divorciada hace tiempo del ejecutivo catalán Jordi Valls Capell, que desempeñó un puesto importante en El Corte Inglés, y son padres de dos hijos, ya veinteañeros.

Baltasar Garzón, de 66 años, fue juzgado y condenado en 2012, a 11 años de inhabilitación, por las escuchas ilegales cuando investigaba la corrupción del Partido Popular en el caso Gurtel, entonces abrió como abogado su propio despacho, que lleva el nombre de LOCAD (International Legal Office for Cooperation & Development), que llevan el propio Garzón y sus socios, en la Avenida de Menéndez Pelayo de Madrid. Es un bufete muy activo y rentable. Según publicó Voz Pópuli, en 2020 facturó 21 millones de euros en los siete años que llevaba abierto; de ellos, Baltasar Garzón habría percibido más de cuatro millones.

Pisazo en El Retiro

En el mismo edificio del despacho, unos pisos más arriba, y con vistas al parque de El Retiro, el abogado compró una vivienda de unos 130 metros cuadrados, que salió a la venta por unos 800.000 euros, que le permitía trabajar y vivir en un lugar privilegiado sin desplazamientos.

La casa de sus sueños

Sin embargo, parece que este piso en una de las mejores zonas de la capital, no era todavía el hogar común ideal del abogado y la Fiscal General del Estado, aunque han estado vivido allí hasta que han encontrado la casa de sus sueños.

Según ha podido confirmar en primicia este digital, Dolores Delgado y su pareja estrenan casa en la urbanización Ciudalcampo, a las afueras de Madrid, considerada una de las más bonitas y seguras en cuanto a privacidad: hay más de 30 cámaras de vigilancia, que garantizan a los personajes que la han elegido privacidad, pero también tranquilidad. Cuentan con un privado de encinas y campos de golf.

Tiene solo 75 chalés, construidos con el mismo estilo moderno y funcional. Allí viven, entre otros famosos, David Bisbal y Rosanna Zanetti y aquellos que han podido pagar el precio de las mansiones, que no baja de los 800.000 euros. Nos dicen que la de Garzón rondará los más de dos millones de euros. También hay casas en alquiler, por unos 5.000 euros al mes, del estilo de las que ilustran este reportaje.

Pelémicas y gallinas

Fuentes conocedoras de los últimos movimientos "domésticos" de Garzón y y Dolores Delgado nos aseguran que el ex magistrado y la Fiscal han hecho su propio huerto en su nuevo hogar, y hasta tienen gallinas a las que cuidan personalmente. Sin duda, quieren vivir una vida de campo que compense el ajetreo y las tensiones del trabajo cotidiano.

El ex juez de la Audiencia Nacional y la fiscal general del Estado ocupan a menudo titulares por posible incompatibilidad de sus respectivos cargos más que por su relación sentimental. 

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Ilocad, bufete del que es administrador único Baltasar Garzón, asegura que no fue contratado en el año 2016 por la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, como se había publicado. Dicho documento, difundido por The Objective, reflejaba una minuta de 8,8 millones de euros por dichos servicios. 

Dolores Delgado, por su parte, es la responsable de los fiscales que se enfrentan al bufete Ilocad, como acusación o defensa, en cada proceso en el que participan. De hecho, su posición ya se vio comprometida en el Caso Tándem, que investiga las actividades del ex comisario José Manuel Villarejo, en las que se veía salpicado Garzón. En aquel momento, ella declaró que no se sentía "concernida" ni creía que debiera apartarse por afectación directa o indirecta debido a su relación con el ex juez. Sin embargo, un fiscal de Tándem sí fue apartado por la propia Delgado, acusado de mantener una relación con una abogada y filtrarle información.

La Gurtel, azote del PP (y de Grazón)

A finales del año pasado, el Tribunal Supremo dio por cumplida la condena del juez Baltasar Garzón. La Sala de lo Penal emitió el auto que declara extinguida la responsabilidad penal del magistrado después de cumplir su condena de 11 años de inhabilitación por intervenir los teléfonos a abogados de Gürtel y ahora debe ser el juez quien pida el reingreso en la carrera. Fue el suyo un delito de prevaricación cometido al pinchar las conversaciones entre imputados encarcelados de la Gürtel y sus abogados.

Primer juez que investigó la Gürtel, que sigue dejando sentencias condenatorias contra el ovillo empresarial de Francisco Correa, la trama de la red clientelar de cargos públicos del Partido Popular acabó de algún modo con el Gobierno del Partido Popular tras la salida de Rajoy por una moción de censura.

Desde el juzgado central de instrucción 5 de la Audiencia Nacional, Garzón dirigió la operación que en febrero de 2009 descabezó la trama y detuvo a casi 40 personas entre empresarios, abogados, testaferros y alcaldes y concejales del PP. Tres años después el que estaba en el banquillo era él. El Tribunal Supremo lo condenó en 2012 porque poco después del estallido de la operación ordenó escuchar y grabar las comunicaciones que Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez mantenían con sus abogados desde la cárcel de Soto del Real. El magistrado y la Policía sospechaban que los tres seguían delinquiendo desde prisión a través de sus letrados y el Tribunal Supremo le condenó tras definir su actuación como "inasumible".

Once años de inhabilitación que le sacaron del juzgado y empezaron a correr el 9 de febrero de 2012, tres años después de las detenciones, y terminaron el 1 de mayo de 2021. El pasado 25 de noviembre la sala de lo penal declaró "extinguida la responsabilidad criminal" del magistrado. Una resolución firmada, entre otros, por el ponente de la sentencia que lo condenó y otros tres magistrados que formaron parte del tribunal: Miguel Colmenero, Manuel Marchena, Andrés Martínez Arrieta y Juan Ramón Berdugo.

No lo ha pedido

Siete meses después de haber saldado su deuda con la Justicia, Baltasar Garzón puede pedir su reingreso pero no consta que lo haya hecho hasta ahora. La condena del Tribunal Supremo incluía, además de 11 años de inhabilitación por prevaricación, una multa de 2.520 euros y fue confirmada posteriormente por el Tribunal Constitucional. Ese mismo año 2012 el tribunal de garantías decidía inadmitir el recurso de amparo del magistrado, por lo que ni siquiera entró a examinar el fondo de sus reclamaciones. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo también inadmitió su recurso y el juez solo pudo esperar a cumplir su condena.

Hubo una instancia internacional que sí le dio la razón aunque eso no tuvo efectos prácticos sobre su condena por prevaricación. El pasado mes de agosto el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas estableció que la sentencia que condenó a Garzón fue "arbitraria" y dio un plazo de 180 días al Estado español para borrar sus antecedentes y compensarle.

Pero el Tribunal Supremo considera que este organismo no implica que los magistrados españoles revisen sus propias sentencias, a diferencia del carácter vinculante de las sentencias del Tribunal de Estrasburgo o el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea.

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