Barcelona
El Gobierno y los fondos acreedores de Celsa pactan las condiciones para el cambio de control de la siderúrgica. Los tenedores de la deuda han presentado este jueves la autorización al Ejecutivo tras haber llegado a un acuerdo ya con la administración sobre los puntos básicos de esta operación: dar entrada a una empresa industrial con un 20% del capital y no realizar despidos, deslocalizaciones ni cerrar plantas.
Según informaron a través de un comunicado, el pool de acreedores liderado por Deutsche Bank, SVP, Sculptor y Cross Ocean presentó este jueves la solicitud al Gobierno para que apruebe la toma de la compañía catalana en virtud de la ley antiopas. A partir de ahora, el Ejecutivo contará con tres meses para dar su visto bueno.
Si se llega a este punto es porque la administración -el peso de las conversaciones las ha llevado Manuel de la Rocha, secretario general de Asuntos Económicos y G20- y los fondos ya llegaron a un acuerdo de bases para la transacción. Cabe recordar que el Ejecutivo no tumbó de manera definitiva ninguna operación en este decreto.
Los requerimientos serían la venta del 20% de las acciones a un inversor industrial español y la garantía de que no habrá despidos ni cierre de fábricas.
"Asegurar el mantenimiento de Celsa a largo plazo y la toma de decisiones en España"
"El Gobierno y la Generalitat de Catalunya han comunicado a las sociedades acreedoras la necesidad de asegurar, a través de compromisos firmes y vinculantes, el mantenimiento de la viabilidad de la empresa en el largo plazo, la toma de decisiones del grupo en España y la protección del empleo y las capacidades productivas en el marco del carácter estratégico de Celsa", señalaron los inversores en el comunicado.
Se quiere mantener la españolidad de la compañía, un concepto que ha destacado el Gobierno, no hay tantos potenciales interesados. Teniendo en cuenta que ArcelorMittal tiene la sede en Luxemburgo –pese a su importante presencia en España-, los únicos grupos con músculo suficiente para afrontar la operación sin tensiones serían Sidenor y CL Grupo Industrial –la matriz de Siderúrgica Balboa-, dos nombres que La Vanguardia puso en la quiniela de futuribles.
"El Gobierno ha trasladado a los acreedores la necesidad de establecer un consejo de administración independiente y la incorporación de un socio industrial que fortalezca la gestión de la compañía", confirmaron los nuevos propietarios. De la mano de Houlihan Lokey -la firma que los coordina- ya nombraron presidente a Rafael Villaseca, ex consejero delegado de Gas Natural, y buscan a cuatro independientes para el consejo.
Ya aplica el nuevo Real Decreto
El nuevo Real Decreto de inversiones exteriores está en vigor desde el pasado día 1 de septiembre de 2023 y resulta plenamente aplicable a todas las inversiones que se cierren a partir de esa fecha y que impliquen cualquier inversión extranjera superior al 10% en empresas españolas, coticen o no.
La normativa, por lo tanto, aplica también al caso Celsa al tratarse, en concreto, de fondos de fuera de la Unión Europea adquiriendo una participación de control en una sociedad española. El RD simplifica el proceso de autorización de las inversiones extranjeras, agilizando y reduciendo a tres meses los plazos para que el Consejo de Ministros autorice la inversión, en lugar de los seis meses que se venían aplicando con la legislación anterior.
