La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha solicitado al Gobierno que suprima la adscripción obligatoria de las empresas a las Cámaras de Comercio, al tiempo que advierte de que el proyecto de ley, tal y como está actualmente redactado, contiene riesgos para la libre competencia.
El informe del organismo regulador, solicitado por el Ejecutivo, subraya que la adscripción obligatoria "podría generar un incremento de las cargas administrativas de las empresas y de la Administración tributaria, de forma no alineada con otras iniciativas de este Gobierno".
Al mismo tiempo, advierte de que la adscripción obligatoria territorial "podría fomentar fraccionamientos del mercado nacional por la adscripción obligatoria a una o varias Cámaras Oficiales sin posibilidad de que la empresa elija la Cámara territorial de pertenencia".
Riesgo para la competencia
Respecto a los riesgos para la competencia, el informe de la Comisión expone que se derivan tanto del carácter público de las Cámaras, como de la configuración de la citada adscripción obligatoria y del modelo de financiación. En el punto relativo al carácter de derecho público de las Cámaras con facultades público-administrativas y la prestación, al mismo tiempo, de servicios profesionales a empresas y emprendedores, el informe asegura que "puede generar una ruptura de la neutralidad competitiva en mercados privados en los que operen o puedan operar empresas prestadoras de servicios análogos".
Riesgo que, subraya, existirá en mayor medida si "la atribución de funciones consideradas como públicas no se encontrase justificada en su necesidad o en su proporcionalidad.
O, también, el caso de que justificadas dichas funciones públicas, "existiese posibilidad de que se generen o consoliden, a partir del ejercicio de dichas funciones, ventajas competitivas en relación con otros operadores competidores en mercados de servicios en los que las Cámaras puedan estar activas".
Financiación pública
Por el lado de la adscripción obligatoria de ámbito territorial, la CNC expone que "incrementa los riesgos para la competencia al reducir la tensión competitiva, al menos de carácter referencial, que puede darse entre las 88 Cámaras de comercio en territorio español".
Finalmente, e intrínsecamente relacionado con los anteriores, el modelo de financiación de las Cámaras de Comercio "y la importancia que podrían tener los fondos públicos en éstas, podría amplificar los citados riesgos".
En consecuencia, la Comisión Nacional de la Competencia recomienda al Gobierno que "elimine los efectos discriminatorios y las asimetrías entre competidores" que podría originar la actual redacción del proyecto de ley de Cámaras.
Sobre la obligación tributaria
Le insta también a suprimir "la obligación de la Administración tributaria de colaborar con las Cámaras en la elaboración de los censos de empresas en las respectivas demarcaciones. Bien, subsidiariamente, limitar el uso por las Cámaras de la información obtenida por la colaboración de la administración tributaria a lo imprescindible para la ejecución del catálogo de facultades público-administrativas".
En caso de que el Ejecutivo decidiese mantener en el proyecto la adscripción obligatoria, el organismo regulador le conmina a permitir que ésta obligatoriedad de afiliación "se realice a la Cámara de elección, desde el primer momento, o bien con carácter subsidiario, permitiendo cambios de adscripción con posterioridad".
CEOE se garantiza el control de las Cámaras