Los jueces europeos estudian anular el artículo 6 de la directiva que permite a los Estados desamparar el secretomadrid. En el pulso que mantienen desde hace años en Europa los tecnócratas de la lucha contra el blanqueo de capitales frente a los lobbies del secreto profesional, los abogados y los notarios están por llevarse la palma.La directiva europea sobre el blanqueo de capitales incluye un polémico artículo -el número 6- que permite a los Estados miembros amparar o no el secreto profesional de los abogados o notarios, a los que se podría imponer responsabilidades por no delatar a sus clientes, de saber que éstos son corruptos.La presión ejercida por la posición de algunos Estados, como Francia, Bélgica o Polonia, podría hacer saltar ahora este principio. Concretamente, Bélgica ha presentado una cuestión prejudicial y el tribunal de la UE ha celebrado ya una vista, el 23 de septiembre, para abordar la cuestión. Se espera, para finales de noviembre, una sentencia que podría incluso anular el citado artículo de la directiva sobre el blanqueo de capitales, por considerarlo contrario al Tratado de la UE.Además, está la victoria moral de los defensores del secreto profesional. Y es que fuera de los países más beligerantes contra la directiva se encuentran otros, como España, que inutilizó ese artículo en la práctica durante la trasposición de la directiva a la legislación nacional. En España, la ley cubre el secreto de oficio para toda la información que se reciba en el ejercicio profesional. Otra cosa es que el abogado o notario de turno ayude a una mafia como mandatario en sus actividades financieras delictivas. Por ejemplo, encubrir sociedades mercantiles con el nombre del despacho.Aunque también en estos casos, los argumentos de los juristas están imponiéndose por la evidencia de los hechos. Resulta más que inocente pensar que los abogados corruptos vayan a autoinculparse.Protección de datosPara su defensa del secreto profesional, los lobbies de Bruselas han cambiado de estrategia: se han aliado con los defensores de la protección de datos personales a los que han convencido de que "los dos son derechos que van de la mano", según fuentes comunitarias.Ahora se trata de limitar algunas de las medidas que están poniendo en marcha diversos Estados para luchar contra las tramas organizadas. Por ejemplo, la exigencia a los notarios de informar a Hacienda de las operaciones inmobiliarias que conozcan, lo que podría poner en peligro la protección de determinados datos personales, mediante procedimientos que podrían incumplir la legislación vigente.