Las firmas privadas deben ajustarse a las instrucciones de la Intervención GeneralMADRID. En la economía global, el control financiero es clave. "Determinadas entidades públicas cuando acuden a mercados internacionales para contratar o solicitar financiación necesitan disponer de informes de auditorías de cuentas firmados por auditores independientes inscritos en el ROAC [Registro Oficial de Auditores de Cuentas] o en el organismo supervisor". Así sale al paso Economía a las protestas de los funcionarios del Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad que nunca entendieron por qué se les retiró la firma de las cuentas a finales de los 90."Cuando pedimos que se nos reconociera una función que veníamos desempeñando desde hace años, el Gobierno optó por quitarnos la firma de las cuentas", explicó ayer a este periódico Manuel Regal, del sindicato de técnicos Gestha, quien anunció una carta del presidente del sindicato, Carlos Cruzado, al ministro Pedro Solbes quejándose de esta situación.Unas protestas que tienen toda la pinta de caer en saco roto ya que, al margen de la escasez de efectivos, Solbes no esconde su mayor confianza en los auditores independientes para la supervisión del sector público, en consonancia con la filosofía incorporada por su antecesor, Rodrigo Rato.Para el Gobierno "existen razones de eficacia técnica y organizativa para solicitar la colaboración de empresas privadas de auditoría". Y "razones de economía hacen aconsejable que se realice una única auditoría que, aunque realizada por auditores privados, deberá ajustarse a las normas e instrucciones que determine la IGAE".