Pedro Capilla no informó a tiempo del inicio del procedimiento de infracciónMadrid. A pie cambiado se ha encontrado la farmacia con el procedimiento de infracción iniciado por la Comisión Europea contra España, una verdadera bomba de relojería que liberaliza la regulación farmacéutica vigente. Pero la sorpresa ha sido relativa. Según el dictamen motivado remitido desde Bruselas, el pasado 4 de julio, el Gobierno tenía ya conocimiento del proceso iniciado contra las restricciones en el establecimiento y autorización de farmacias, al recibir una primera carta de emplazamiento, el 13 de julio de 2005. Y no sólo el Gobierno, también el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos, Pedro Capilla, estaba al tanto, ya que el Ministerio de Sanidad incorporó las observaciones que le hizo llegar el propio Consejo en su primera respuesta a la Comisión, en octubre del año pasado, sin demasiado éxito al parecer.Sin embargo, el recién elegido presidente del Consejo no ha informado en Asamblea General al resto de los presidentes de colegios del proceso abierto, a pesar de que, desde junio de 2005, se ha tramitado y aprobado la Ley del Medicamento, la norma clave para el sector farmacéutico. Preguntado por este periódico Pedro Capilla ha confirmado que "no consideró oportuno" informar del procedimiento contra España ya que se encontraba en trámite la Ley del Medicamento. De hecho, los representantes colegiales tuvieron conocimiento de las intenciones de Bruselas a través del comunicado de prensa de la Comisión, del 28 de junio, un día antes de que se aprobase la citada ley.La primera persona que ha pedido responsabilidades por el retraso en informar a los principales afectados ha sido la ex ministra de Sanidad y responsable del Partido Popular de Asuntos Sociales. Ana Pastor ha exigido al Gobierno que aclare en el Congreso por qué no informó del dictamen de la Unión Europea, si bien el Ministerio de Sanidad advirtió ayer que sí lo hizo al enviar la primera carta de Bruselas al presidente de los farmacéuticos españoles en 2005. Ahora, el Gobierno tiene dos meses de plazo para justificar las restricciones establecidas en el acceso y autorización de farmacias por parte de algunas comunidades autónomas, así como en el régimen de propiedad, reservada a los farmacéuticos, y que restringe, a juicio de la Comisión, la libertad de establecimiento recogida en el artículo 43 del Tratado CE. La ministra de Sanidad ha anunciado que mantendrá una reunión con el presidente del Consejo General de Colegios Farmacéuticos "para aunar puntos de vista sobre nuestro modelo de farmacia". También ha señalado que el Ministerio "va a llevar a cabo una defensa decidida de nuestro modelo ante las instituciones europeas", aunque matizó que respetará "el derecho comunitario".Derecho comunitarioCapilla no se explica por qué la Comisión Europea interpela a España si "está sobradamente demostrado que el modelo neoliberalizador no ofrece mejores prestaciones a los ciudadanos que nuestro modelo". Y aseguró que, mientras en España los farmacéuticos están cada vez más involucrados en labores sanitarias a la población, "en otros países se va relegando al farmacéutico a la mera labor de entrega del medicamento". Además, las cifras de la farmacia española resisten cualquier otra comparación, ya que existe una botica por cada 2.111 habitantes, indicador que sólo mejora Bélgica.Así, Capilla se cuestionó "por qué no se pregunta Europa por las verdaderas razones que llevan a algunos países a decisiones basadas en teorías pseudoliberalizadoras. ¿No será que su fin es dar paso a la formación de cadenas de farmacias para conseguir legislaciones favorables a sus intereses?".