madrid. La polémica lingüística en Cataluña ha abierto también brecha en la sanidad después de la decisión de la Generalitat de Cataluña de auditar, a través de una empresa privada, 90 historias clínicas de pacientes, para averiguar si estaban escritas en castellano o en catalán.La Agencia Española de Protección de Datos ha decidido remitir sus actuaciones previas y la denuncia presentada por la Asociación Nacional de Consumidores y Usuarios de Servicios de Salud a la Agencia Catalana de Protección de Datos, ya que le corresponde a esta última el análisis de los hechos denunciados. Según esta asociación, la Agencia Española ha comprobado que la empresa Centro Informático de Estadísticas y Sondeos S.A. utilizó historias clínicas "sin anonimizar", es decir, con los datos reales de los pacientes, por encargo del Gobierno catalán, con el fin de realizar un estudio sobre normalización lingüística en el área sanitaria.La Agencia catalana tiene ahora que ver si la Generalitat vulneró leyes como el Código Penal y la Ley de Autonomía del Paciente al permitir que el Hospital de Santa Cruz y San Pablo, de Barcelona, facilitasen en 2003 documentación de pacientes a una empresa privada para elaborar un estudio no sanitario.La Comisión Central de Deontología de la Organización Médica Colegial (OMC) recordó recientemente los límites y las garantías que deben presidir cualquier acceso a la historia clínica del paciente, que cuestionan de arriba a abajo la actuación de la Consejería de Salud de Cataluña.Sin entrar a valorar directamente el caso concreto, la Comisión sostiene que el acceso a las historias clínicas "será, siempre y sólo, por razones de necesidad asistencial" y para evitar, por imperativo legal, "graves daños al propio paciente o a terceras personas".