Envía una queja formal a Interior y estudia emprender acciones legalesmadrid. La polémica sobre la falta de atención letrada de los extranjeros en las fronteras españolas de los Pirineos está subiendo de temperatura. El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) presentó ayer una queja formal al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, por las manifestaciones en la prensa y en la televisión de los portavoces de los sindicatos policiales, en las que dieron a entender que los abogados exigían crear un turno de oficio para los inmigrantes con fines lucrativos."Considerar el servicio de asistencia jurídica a los inmigrantes un negocio rentable constituye, además de un total desconocimiento del funcionamiento del servicio público, del trabajo que conlleva y de la indemnización compensatoria, un inútil deseo de alejar las responsabilidades que pudieran derivarse de una deficiente actuación policial", señala el presidente del CGAE, Carlos Carnicer, en la carta remitida a Interior, y con copia a los sindicatos policiales.En declaraciones a este periódico, Carnicer confirmó que el CGAE está estudiando emprender "las acciones legales que se pudieran derivar" de las declaraciones de los portavoces policiales, en las que señalaban textualmente que "para el Colegio de Abogados de Figueres sería una auténtica mina de oro el personarse en la defensa de los intereses de 84.000 acuerdos de readmisión oficiales que se producen cada año" y que "para los abogados iba a resultar bastante rentable, sobre todo para el turno de oficio, y que incluso se podría generar un negocio en torno a la defensa". En la carta de protesta, Carnicer califica estas declaraciones de "desafortunadas imputaciones" que "no sólo perjudican a los profesionales de la Abogacía sino que también afectan a la credibilidad en el Estado de Derecho" y "desacreditan los servicios públicos que, en materia de justicia gratuita y defensa, prestan de forma ejemplar los Colegios de Abogados de Guipúzcoa y Figueras".Para Carnicer es "incomprensible" la actitud de la Policía, que depende jerárquicamente del subdelegado del Gobierno, quien se ha manifestado a favor del turno de oficio en estas fronteras, al igual que el Defensor del Pueblo.