MADRID. Igual que los niños cuando les dicen algo que no les gusta. Así actúan los empresarios españoles respecto a la Ley de Integración Sociolaboral de los Minusválidos (LISMI): haciendo oídos sordos.Al menos esto es lo que se extrae de los resultados de la segunda edición del Observatorio Fundación Grupo SIFU, presentado durante una jornada organizada por el propio grupo en colaboración con Caixa Sabadell.Según el estudio, a pesar de que el 96 por ciento de los empresarios nacionales asegura conocer la legislación vigente, solamente la cumple un 32 por ciento. Esto se traduce, por ejemplo, en que sólo ese porcentaje reserva el 2 por ciento de los puestos de trabajo de sus compañías para personas con algún tipo de discapacidad.Pero los datos son todavía más sorprendentes si se piensa que, según el Observatorio, los empresarios que sí cumplen la ley dan una nota media de 8 sobre 10 a sus trabajadores discapacitados.Un 90 por ciento considera su labor igual a la que desempeña el resto de empleados y únicamente un 2 por ciento se muestra insatisfecho. En lo que se refiere al tipo de puesto de trabajo ocupado por personas discapacitadas, la mayoría -un 63 por ciento- ocupa un puesto de operario, seguidos por los administrativos -un 49 por ciento- y técnicos -un 22 por ciento-.Además, son las empresas públicas las que más cumplen con la LISMI, con un 44 por ciento, mientras que las privadas se quedan con un 31 por ciento. ¿Los motivos de la poca aplicación de las normas sobre discapacidad? Según las más de 400 empresas consultadas, la falta de ayudas económicas y de mayor información por parte de la administración.