singapur. Hubo un tiempo en China, cientos de años atrás, en el que los súbditos viajaban a Pekín, procedentes de los confines del gran imperio, para caer ante los pies del emperador y reclamar justicia por los atropellos de los funcionarios corruptos. Desde entonces, este sistema de quejas que ha servido durante siglos como válvula de escape al descontento popular en el gigante asiático, se ha mantenido hasta nuestros días gracias a que fue institucionalizado por el Partido Comunista Chino (PCCh) después de su llegada al poder en 1949.Sin embargo, lo que el partido único no consiguió prever fue que la transición salvaje hacia el sistema capitalista desencadenaría, medio siglo más tarde, todo un colapso en el llamado sistema de quejas de los peticionarios. Y es que, durante los últimos 25 años, la injusticia, los atropellos y la brecha social han sido una constante en el país que en su día presumió de estar construyendo el Estado más igualitario del mundo. Durante 2005, pese a que las manifestaciones de protesta están prohibidas en la práctica, estallaron en las calles chinas 87.000 expresiones de crítica y descontento, esto es, una cada seis minutos.De todas ellas, la mayoría -concretamente un 65 por ciento- estuvieron relacionadas con las expropiaciones de tierra: desde 1979 el Estado ha expropiado 6,6 millones de hectáreas agrícolas para dedicarlas a nuevos proyectos industriales, pero del medio billón de euros destinado a las pertinentes indemnizaciones, solamente un 10 por ciento acabó en manos de los campesinos, sus propietarios originales.El robo del siglo El 90 por ciento restante se perdió por los entresijos de la corrupción en lo que algunos, incisivamente, han venido en llamar "el robo del siglo". Abusos así han espoleado, en los últimos años, la movilización masiva de los peticionarios. Según estimaciones de la ONG Human Rights Watch (HRW), en 2004 los peticionarios formalizaron hasta diez millones de quejas.Quienes levantan su voz suelen ser ciudadanos pobres y escasamente educados, la mayoría campesinos, que lo han perdido todo después de haber sido víctimas de la injusticia de aquel sistema que se prodigaba "como el más justo": corrupción local, pensiones o indemnizaciones robadas, expropiaciones ilegales, salarios sin pagar, decisiones judiciales injustas…Después de años de peregrinación burocrática sin éxito en sus lugares de origen, muchos peticionarios deciden entonces trasladarse a Pekín con la esperanza de que la cercanía al poder -al Gobierno y al PCCh- aumente las posibilidades de que algún alto cargo resuelva satisfactoriamente su asunto. Llegan a la capital con una vieja maleta bajo el brazo, los ahorros de toda una vida y con la tenacidad de los que no tienen nada que perder. A diario, su objetivo es agolparse frente a alguna de las oficinas gubernamentales que canalizan las quejas con el propósito de hacerse oír por encima de todos los demás. Según distintas estimaciones, en Pekín conforman una población flotante de más de 200.000 personas. Son los desheredados del llamado "milagro chino". También suelen protestar con pancartas frente al recinto de Zhongnanhai, donde viven y trabajan los principales líderes de la alta política china, o aprovechan días clave del calendario chino, como la sesión plenaria anual de la Asamblea Nacional que se celebra estos días, para hacer públicos todos sus desagravios. Pese a que la contundencia policial está habitualmente garantizada, ésta es la única forma que tienen de levantar su voz en un país en el que no se celebran elecciones, ni existe prensa libre, ni tampoco sindicatos independientes. Obviamente, tampoco existe un sistema judicial imparcial que les ampare: en China, de todos es sabido que la justicia es ineficaz, arbitraria y corrupta cuando entre los litigantes hay personas, empresas o instituciones influyentes. Y desde luego, dentro del ámbito local, los funcionarios y empresarios locales lo son. Duermen por un euro la noche en pensiones infames situadas alrededor de la estación sur de ferrocarril de la capital, casi siempre en condiciones de máxima pobreza. Y, con mucha frecuencia, en especial en fechas señaladas como la actual, se enfrentan a redadas policiales masivas que incluyen las consiguientes represalias. "El peor aspecto de este sistema son las represalias que sufren muchos peticionarios", denuncia Human Rights Watch.InformeSegún el informe Desaparecer en cualquier momento: represalias y abusos contra los peticionarios chinos elaborado por la citada ONG, los desheredados son "frecuentemente intimidados, apaleados y secuestrados por el único delito de hacer públicas sus quejas". Si son devueltos a sus provincias de origen, se enfrentan a detenciones de hasta cuatro años sin resolución judicial (medida que permite el sistema chino) y a torturas. Éste es el triste escenario al que se enfrentan tantos campesinos pobres que son brutalmente perseguidos por reclamar justicia después de sufrir abusos.Y eso que, según ha reconocido el propio régimen, la mayoría de las quejas tienen una base sólida. "Un 80 por ciento de las peticiones son razonables o presentan problemas reales que deberían resolverse", señaló en una entrevista concedida a una revista china Zhou Zhanshun, director del departamento gubernamental encargado de canalizar las reclamaciones.Sin embargo, un estudio realizado en 2004 por la Academia China de Ciencias Sociales acerca de las quejas formuladas por 2.000 peticionarios, arrojó cifras ciertamente sonrojantes para el sistema: solamente tres de ellas se resolvieron favorablemente para los peticionarios. El resto, en el país que es modelo de tantos otros por sus avances tanto económicos como tecnológicos, siguen esperando a que alguien se decida a impartir una justicia que nunca llegará.