El Gobierno abrió hoy la puerta a cerrar líneas de tren o servicios ferroviarios que por razones económicas, sociales o medioambientales no logren ser declaradas de interés público o que presenten una "demanda insuficiente".
En virtud del acuerdo, Renfe garantiza la prestación durante un periodo inicial de tres años de los servicios que finalmente se mantengan a cambio de recibir la correspondiente compensación económica. Para ello, suscribirá un contrato de prestación de servicio público.
En cuanto al resto de servicios no declarados de interés público, la operadora pública deberá prestarlos en condiciones de mercado, es decir, con tarifas comerciales. En caso de que no resultaran viables por insuficiencia de demanda, Fomento presentaría un plan de reorganización que garantice la conexión territorial mediante un sistema de transporte combinado o con transportes alternativos.
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