El Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado el recurso de la Fiscalía en relación al voto de las personas con discapacidad intelectual, colectivo a quien el Tribunal Supremo había negado este derecho. El Ministerio Público había solicitado que dictase doctrina sobre la materia después de que los padres de una mujer gallega reclamaran que pudiera acudir a votar. En su sentencia, el TC evita entrar al fondo del asunto argumentando que en la resolución del Supremo no hay arbitrariedad, irracionalidad o error.
El fallo cuenta con el voto particular, Adela Alsúa, vicepresidenta del TC, que asevera que se está incumpliendo con la función de establecer doctrina en relación con los derechos fundamentales.