Es injustificable legislar de forma habitual con decretos

El uso sistemático del Real Decreto-Ley (RD-L) como forma de aprobar créditos extraordinarios para financiar los programas especiales de armamento es contrario a los requisitos que establece el artículo 86.1 de la Constitución.

Así lo determina el Tribunal Constitucional, en sentencia de 7 de julio de 2016, de la que es ponente el presidente del TC, el magistrado Pérez de los Cobos, que dice que el Gobierno debe explicitar las razones de "extraordinaria y urgente necesidad" que justifican la aprobación de medidas legislativas por la vía del RD-L.

El Ejecutivo justificó la aprobación del RD-L por desconocimiento al elaborar los Presupuestos del Estado del importe exacto a abonar por estos programas.