Firmas

Aún quedan incertidumbres financieras

  • La inyección externa en la banca hubiera sido mejor de inversores privados

Ni intento agregar taras o exacerbar fallos en la transformación y regeneración económica española, que -pese a quien pese- ha mejorado mucho la mala gestión político-ideológica de Rodríguez Zapatero y su equipo económico, que empero su innegable preparación y competencia no supieron o no quisieron enfrentarse a la peor gestión y administración política y económica de un presidente de Gobierno, en al menos los últimos cuarenta años, salvo cuando -obligado- rectificó; ni tampoco pretendo negar los avances o mejoras en materia financiero-bancaria en nuestro país a partir de las medidas que tomó el actual ministro de Economía, en el verano de 2012. Pero la reforma financiera en nuestro país quedó -¡también esta, maldita sea!- inconclusa y a medias, tras varios intentos.

Con anterioridad a agosto de 2012, el Ejecutivo de Rodríguez Zapatero había realizado dos reformas completamente desastrosas, e incluso perniciosas para el objetivo de resolver los problemas bancarios, que en realidad lo eran de las cajas de ahorros, cuyo peso suponía la mitad del sistema financiero.

Y dos veces más, en febrero y mayo de 2012, el recién estrenado Ejecutivo de Rajoy llevó a cabo cambios normativos que se mostraron insuficientes, si bien algunos no fueron del todo inútiles o dañinos, obligando a mayores provisiones para las entidades, limitando el sueldo de los directivos en las auxiliadas o intervenidas, externalizando en buena parte (todavía no se había creado el denominado banco malo, que llegó en la siguiente reforma) los activos inmobiliarios en firmas creadas ad hoc y ampliando las facilidades y cuantías para la refinanciación con fondos públicos, ¡claro!, de las entidades maltrechas mediante la compra de activos o títulos convertibles por parte del Frob (creado en 2009 a tal efecto).

Se procedió, pues, a aplicar lo que la jerga conoce como un bail out, es decir la financiación y reflotamiento de las entidades financieras en quiebra o con apuros mediante la inyección externa de dinero público (de los impuestos), bien directamente, bien comprando acciones, bonos u otros títulos convertibles que servían como garantes del préstamo público.

Sin duda, hubiese sido preferible bien que la inyección externa hubiese provenido de compradores privados, lo que era impensable dadas las condiciones financieras y crediticias de 2008-2012, o bien que se hubiese aplicado un bail in, es decir, una recapitalización o reflotación interna mediante la asunción de pérdidas por parte de acreedores, depositantes, accionistas, bonistas o cualquier otro reclamante de obligaciones hacia la entidad en apuros, quienes, a cambio, recibirían participaciones, obligaciones, acciones u otro tipo de activos de la nueva entidad resultante una vez reflotada. Y, si no, proceder a la suspensión y quiebra.

Aunque, dadas las circunstancias y el tiempo perdido con anterioridad desde 2009, cuando nuestro sistema financiero era "el más sólido" y un campeón (2011) y donde ya se estableció a través del Frob el bail out y se procedió al enorme error de la fusión de entidades (cajas), y dado que algunos bancos ya habían quedado afectados por la duda y la desconfianza, es cierto que tal vez en 2012 ya no había tiempo para aplicar primero un bail in y, tras el plazo adecuado, ver qué entidades debían simplemente dejarse quebrar y qué entidades podían rescatarse momentáneamente. Y ello, encima, desde una perspectiva exclusivamente económica y sin tener en cuenta que tal decisión, de salvar unas y no otras, habría tenido todo tipo de lecturas políticas interesadas o retorcidas.

Lo cierto es que el peso del pasado más reciente ha dejado nuestro sistema financiero muy cambiado, sí, pero con lastres todavía en cuanto a entidades mal ajustadas, ultimadas o incompletamente saneadas. Algunas nunca debieron haber pasado a formar parte de otro grupo y debieron simplemente quebrar y repartir activos, pues en algún caso están ahora entorpeciendo o retrasando la salida adelante de los bancos o entidades financieras en que se incluyeron o incorporaron. Eso se percibe e impide a varias entidades o grupos adquirir el tamaño y saneamiento de sus balances adecuado a una competencia que incluso está más allá del área del euro.

Todavía quedan algunas cajas o entidades nuevas bajo la estela o tutela de autoridades autonómicas u oficiales, que fue lo que llevó al desastre que todos pagaremos. Pero las sensibilidades políticas al respecto impiden la solución evidente de tal problema y algunos hasta dan como solución la ampliación y expansión de lo que causó el trastorno: la banca pública. No en vano el Bundesbank ha advertido sobre auténticos problemas de morosidad y de exceso de deuda pública, no siempre fiable, en los balances de nuestros bancos.

Fernando Méndez Ibisate es profesor de la Universidad Complutense de Madrid.

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