Firmas

Cláusulas abusivas y préstamos hipotecarios

A grandes rasgos, el caso es el siguiente. Un deudor hipotecario, cuya vivienda se está ejecutando por el procedimiento especial previsto en la Ley de Enjuiciamiento Civil, cree que la cláusula que atribuye a la entidad acreedora la facultad de determinar el importe de la deuda, conforme al artículo 695 de dicha ley, es abusiva. Pero no puede alegar esta causa de oposición en el procedimiento de ejecución, en el cual sólo caben dos opciones: error o falsedad.

En consecuencia, opta por acudir a un Juzgado de lo Mercantil para que declare la nulidad de la citada cláusula por abusiva. Entre tanto, continúa la ejecución hipotecaria y la vivienda se adjudica a un tercero. El juez, señor Fernández Seijo, ante la duda que le plantea la adecuación del Derecho español a la Directiva 93/13/CE referente a los contratos celebrados con consumidores, plantea tres cuestiones al Tribunal de Luxemburgo.

En primer lugar, "si el sistema de ejecución de títulos judiciales sobre bienes hipotecados o pignorados establecido en el artículo 695 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil, con sus limitaciones en cuanto a los motivos de oposición previstos en el ordenamiento procesal español, no sería sino una limitación clara de la tutela del consumidor por cuanto supone formal y materialmente una clara obstaculización al consumidor para el ejercicio de acciones o recursos judiciales que garanticen una tutela efectiva de sus derechos".

Normativa controvertida

El Tribunal declara que "la normativa española controvertida" no se ajusta al principio de efectividad en la medida en que hace imposible o excesivamente difícil, en los procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados a instancia de los profesionales y en los que los consumidores son parte demandada, aplicar la protección que la Directiva pretende conferir a estos últimos". Ello se debe a que la legislación española dificulta que, en la mayoría de los casos, se puedan adoptar medidas cautelares efectivas, por lo que la sentencia que se dicte en su día sobre el carácter abusivo de una cláusula sólo puede tener carácter indemnizatorio.

En segundo lugar, el juez español también requiere al Tribunal para que determine el concepto de desproporción con relación: a) a las cláusulas de vencimiento anticipado en contratos de larga duración, por incumplimiento de un periodo limitado y concreto. El Tribunal responde que, entre otros factores, está en función de si el consumidor ha incumplido una obligación contractual esencial y de si el Derecho nacional prevé medios adecuados y eficaces que permitan al consumidor poner remedio a los efectos del vencimiento anticipado.

A este respecto, cabe decir que el impago de cuotas es, sin duda, incumplimiento de una obligación esencial y que el derecho español prevé remedios para evitar las consecuencias, aunque sólo en el caso de que la hipoteca recaiga sobre la vivienda habitual. En efecto, el artículo 693.3 LEC permite al deudor liberar el bien de la ejecución hipotecaria, tratándose de vivienda habitual, pagando las cuotas vencidas en el momento de presentación de la demanda.

b) A la fijación de unos intereses de demora que están muy por encima de los máximos fijados legalmente en otros contratos que afectan a consumidores -créditos al consumo-, en los cuales podrían ser considerados abusivos. El Tribunal responde que el juez deberá comprobar en particular, por un lado, las normas nacionales aplicables entre las partes si no hubiera habido pacto al respecto o en diferentes contratos del mismo tipo celebrados con consumidores y, por otro, el tipo fijado para la mora en relación con el interés legal, con el fin de verificar que es adecuado para garantizar la realización de los objetivos que éste persigue en el Estado miembro de que se trate y que no va más allá de lo necesario para alcanzarlos.

A este respecto cabe decir que ello significa que el procedimiento especial de ejecución debe tener un trámite en el que el juez pueda evaluar si el interés de demora pactado es abusivo o no, al tiempo que el legislador debe fijar unos criterios para determinar la proporcionalidad de acuerdo con lo establecido por la sentencia.

El juez no plantea -y, por tanto, el Tribunal no responde- la cuestión esencial de si es abusivo o no que se pacte que la base de cálculo de los intereses de demora sean no sólo las cantidades efectivamente impagadas en el momento de la reclamación y, en su caso, las que vayan venciendo a lo largo del procedimiento, sino aquéllas que resultan impagadas como consecuencia de dar por vencido anticipadamente el préstamo. A mi juicio, esta cuestión debe ser resuelta con el mismo criterio que la relativa a la determinación del nivel del tipo de demora. Y si el legislador español la rehuye, a buen seguro se planteará otra cuestión prejudicial que resolverá en el mismo sentido.

Por lo que se refiere a la cuestión que origina la consulta prejudicial, la relativa al carácter abusivo o no de la cláusula de determinación unilateral de la deuda y su carácter ejecutivo, el Tribunal dice al juez que "deberá determinar si -y, en su caso, en qué medida- la cláusula de que se trata supone una excepción a las normas aplicables a falta de acuerdo entre las partes, de manera que, a la vista de los medios procesales de que dispone, dificulta el acceso del consumidor a la justicia y el ejercicio de su derecho de defensa". Ante ello es preciso decir que, a falta de acuerdo, el derecho español no permite que la determinación unilateral de la deuda sea título ejecutivo y, para serlo, en caso de acuerdo, se requiere intervención de fedatario público que comprueba la adecuación de la liquidación a lo pactado. A mi juicio, tal pacto, por sí solo, no limita el acceso del consumidor a la justicia ni el ejercicio de su derecho de defensa.

Finalmente, el Tribunal recuerda que los tribunales nacionales deben poder examinar de oficio el carácter abusivo de las cláusulas en los contratos con consumidores, a lo que hay que añadir que, respecto de tal examen, también debe operar el principio de efectividad. Por último, conviene recordar que, en materia hipotecaria, las partes no quedan obligadas por lo que pactan en la escritura, sino sólo por lo que el registrador acepta a inscripción. Inicialmente, la jurisprudencia registral se mostró muy restrictiva a que los registradores pudieran calificar, a efectos de inscripción, el carácter abusivo de las cláusulas por aplicación de la legislación sobre consumo. Hoy está claro que no pueden inscribir aquellas cláusulas declaradas abusivas por los tribunales, y en la jurisprudencia comienza a abrirse paso la idea de que deben poder calificar aplicando la legislación de consumidores. El Tribunal de Luxemburgo refuerza esta línea.

Fernndo P. Méndez González, miembro del Consejo Editorial de elEconomista.

WhatsAppWhatsApp
FacebookFacebook
TwitterTwitter
Linkedinlinkedin
emailemail
imprimirprint
comentariosforum1

F. Silvela
A Favor
En Contra

"conviene recordar que, en materia hipotecaria, las partes no quedan obligadas por lo que pactan en la escritura, sino sólo por lo que el registrador acepta a inscripción"

Increible, yo tenía entendido que la inscripción sea constitutiva en cuanto a la hipoteca pero el préstamo, como contrato entre las partes, se perfecciona y consuma con el otrorgamiento de la escritura y de ahí resultan las obligaciones y derechos´. Si es así debería aclarar su artículo.

Puntuación 4
#1