Firmas

Un 'banco malo' para familias

Imagen de Getty.

Resulta encomiable el gran esfuerzo que está realizando el Gobierno para que a los españoles no nos falten sucursales bancarias en cualquier plaza del suelo patrio. ¿Qué plaza importante de cualquier ciudad no tiene al menos diez oficinas bancarias estratégicamente situadas? ¿Qué son 53.000 millones de euros de endeudamiento adicional para que todos podamos sacar dinero eligiendo el cajero más bonito de la zona?

Mientras tanto, hay personas que hasta se suicidan por no soportar ser desahuciadas de su vivienda habitual, una vivienda que creyeron podían pagar, y que tanto la inmobiliaria como el banco le facilitaron que comprara con una hipoteca a treinta años, cuya cuota parecía que podría pagar siempre previa una tasación de experto "independiente". Se olvidaron decirle que en treinta años pueden pasar muchas cosas y entre ellas que puede perder su empleo; y que la Ley General Hipotecaria no distingue entre bienes afectados a la deuda y patrimonio personal, y que por tanto, aunque pierda su casa, todavía le seguirá debiendo dinero al banco.

Hay muchas voces que claman por la dación en pago, y a mí no me parece mal. De hecho, la citada ley admite en su clausulado esta posibilidad, pero ni los bancos la han ofrecido, ni los clientes la han demandado, ya que ello supondría un coste adicional en tipo de interés por el mayor riesgo asumido que ni unos ni otros quieren plantearse. Los principios legales básicos indican que no puede hacerse un cambio legal con carácter retroactivo, por lo que todo contrato firmado bajo el modelo general no puede ser anulado o modificado, y ello lo saben los jueces y fiscales que ahora piden que se discrimine en los juicios de desahucio. Cualquiera que sabe un poco de leyes, es consciente de que aunque se dictamine en primera instancia, se perderá en la Audiencia Provincial, en la Audiencia Nacional o en el Tribunal Supremo.

Por tanto, la solución no es legal, sino política, y es entonces cuando hay que mirar al Gobierno. Evidentemente, no puede cambiar la aplicación de leyes, pero sí puede crear un banco malo específico para familias, que costaría mucho menos dinero que el que ha creado para las cajas de ahorros, y que permitiría evitar o al menos paliar el tremendo drama social por el que están pasando centenares de miles de familias españolas.

En este caso, no se trataría de todo el ladrillo, como ha ocurrido con las entidades financieras, sino sólo de primeras viviendas para familias en paro, y distinguiendo por nivel adquisitivo y por tipo de vivienda (no tiene sentido evitar el desahucio de un chalet en La Moraleja, por ejemplo), y se discriminaría caso por caso para evitar injusticias y que los listos se aprovechen.

El Estado exigiría por ley el derecho de retracto en las adjudicaciones de las ejecuciones de embargo, y el banco malo 2 adquiriría el inmueble, que a su vez alquilaría a la familia desahuciada por el interés legal del dinero mensual. Por ejemplo, si el piso se adjudica en 100.000 euros, al 4% anual supondría unos 333 euros de alquiler, a lo que habría que añadir los gastos de comunidad, pero en la mayoría de los casos podría ser asumible, y en su caso, puede haber ayudas de las comunidades autónomas para los casos más extremos. Ello no les libraría de seguir debiendo otros 50.000 o 75.000 euros de la hipoteca original, pero al menos se evitaría que las familias acabaran con los muebles en la calle.

El erario no sufriría con esta fórmula, puesto que recibiría los intereses del dinero que habría puesto Sareb 2, y que probablemente no superarían el coste de financiación del eventual rescate de España que veremos en las próximas semanas; y cuando estas personas vuelvan a tener trabajo, podrían recuperar su vivienda, adquiriéndola al Sareb 2 por el precio pagado en origen.

Evidentemente, sería necesario perfilar esta propuesta, pero puede ser una salida razonable para la justa presión que está recibiendo el Gobierno, y que presumimos se incrementará en los próximos meses, habida cuenta de los derroteros que llevan la profunda depresión, quiero decir recesión, que nos traemos entre manos.

No es de recibo el titánico esfuerzo del equipo económico del Gobierno por salvar de la quiebra a las cajas de ahorros, mientras se permite que las familias acaben en la calle y pierdan por completo su autoestima. Al fin y al cabo, ellos son el pueblo, y son ellos los que cada cuatro años votan para elegir a sus gobernantes, y no las entidades financieras... ¿o sí?

Miguel Córdoba, Profesor de Economía Financiera en la Universidad CEU-San Pablo.

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comentariosforum3

Carlos
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Excelente artículo.

Puntuación 1
#1
Juan ignacio
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Me parece muy razonable la propuesta porque una cosa es que todos estemos de acuerdo en que salvar a la banca para que nos ponga en la calle es inmoral, pero otra cosa muy distinta es cómo articular las normas para evitar los deshaucios y esta fórmula puede ser interesante y con un coste asumible. Y ya puestos, se podía pedir una Ley de responsabilidad social para los políticos, similar a la que tienen los administardores, y probablemente tendríamos gestores en lugar de mangantes gobernando.

Puntuación 2
#2
juanjo
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cojonudo. Ahora me toca financiar mi hipoteca, a las cajas, a los que no pueden pagar la hipoteca. VIVA la PEPA.

Ah, soy funcionario, a mi lo que me dan son palos por todos los lados.

Puntuación 0
#3