Castigo al clientelismo en banca

La Audiencia Nacional dictó ayer una contundente sentencia sobre el caso de las tarjetas de crédito opacas de Caja Madrid y Bankia. Son un total de 120 años de prisión los que la magistrada Palacios impone a las casi 70 personas encausadas.

En tan amplio grupo caben representantes de casi todos los estamentos político-económicos españoles (partidos, sindicatos, patronales...), la mayoría señalados como "colaboradores" en un mecanismo de apropiación indebida y sistemática de fondos. Frente a ellos, Miguel Blesa (seis años de prisión) y Rodrigo Rato (cuatro años y seis meses) aparecen como los máximos responsables.

Era el desenlace esperable de la investigación. Desde siempre, Blesa se aferró a una estrategia de defensa muy elemental, basada en alegar que estas tarjetas eran herencia de su antecesor en la Presidencia de Caja Madrid, Jaime Terceiro. En efecto, la sentencia se remonta a 1988 para situar el origen de las visas, pero el documento deja claro que su uso se limitaba a "gastos de representación", lo que explicaría que, durante años, la factura mensual de sus titulares no superó los 300 euros.

En nada se concilia ese escenario con lo que sucedió posteriormente cuando los "gastos de representación" se vieron desbordados por desembolsos de toda índole, relacionados con la vida personal de los consejeros. Sin duda, Blesa, y luego Rato, heredaron este sistema pero, lejos de contentarse con continuarlo, lo pervirtieron, convirtiéndolo en un instrumento para fomentar el clientelismo y asegurar su poder. La sentencia constituye un castigo ejemplar contra esas prácticas y permite vaticinar penas contundentes para los otros 300 ex altos cargos financieros encausados por delitos semejantes en España.