España

Presidencia recibe petición de retirar símbolos franquistas del palacio de El Pardo o el Arco de la Victoria de Moncloa

El Ministerio de Presidencia ha recibido la petición de un abogado de retirar la simbología franquista que descansa en varios edificios de titularidad estatal y ha procedido a enviar esta solicitud a los distintos organismos y departamentos ministeriales por "afectar a su ámbito competencial".

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, la directora de la División de Recursos y Derecho de Petición, Magdalena Menchén, explica que su departamento recibió el pasado 17 de abril un escrito del secretario general del Pleno en el Ayuntamiento de Madrid, por el que se da traslado a la Administración General del Estado de esta petición al "no ser los inmuebles referidos de titularidad municipal".

"Se envía la petición a cada uno de los organismos y departamentos ministeriales referidos en su escrito en cumplimiento del artículo 10.2 de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición, por afectar a su ámbito competencial", recoge el escrito del Ministerio de Presidencia.

En concreto, se trata del Arco de la Victoria situado a la entrada de la capital en la carretera de La Coruña; de una placa ubicada en el patio de los Austrias del Palacio de El Pardo y de varios edificios dependientes de los Ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa y Agricultura. Respecto al primero, el letrado aludía a dos escudos de la dictadura esculpidos en piedra en el Palacio de Santa Cruz; y a una escalinata con una placa en la que se puede leer "Fue erigido por gracia extraordinaria iniciado siendo supremo gobernador español Francisco Franco Bahamonde".

En cuanto a lo que afectaría a Defensa, se refería a una lapida de mármol sobre la "guerra de liberación de España" ubicada en el Museo de Farmacia Militar; y varios edificios con placas y lápidas de mármol recordando a Francisco Franco, a la "guerra de liberación de España", o a varios militares caídos durante la contienda.

La denuncia citaba también el escudo con el águila ubicado en varias fachadas de la sede del Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA), perteneciente al Ministerio de Agricultura; y a dos relieves con el escudo del régimen franquista de la pared de la Oficina de Atención Integral del Contribuyente.

CAMBIO DE NOMBRES FRANQUISTAS EN CALLES Y COLEGIOS

Por otra parte, el abogado Eduardo Ranz pidió al Ayuntamiento de Madrid cambiar la denominación de 186 calles y el nombre de seis colegios públicos, un Instituto y siete espacios públicos de Madrid.

En concreto, se trata del parque Alcalde Carlos Arias Navarro, en el distrito de La Latina; del Jardín del arquitecto Herrero Palacios ubicado en el parque de El Retiro; los jardines de Enrique Herreros del distrito de Chamberí; el Centro Deportivo Municipal Gimnasio Moscardó de la calle Pilar de Zaragoza; la Colonia de José Antonio Girón (del distrito de La Latina); la Colonia municipal Moscardó del distrito de Usera; y la Colonia de Torres Garrido del distrito de Carabanchel.

Los centros de educación infantil y primaria son el Alberto Alcocer, de Avenida de Canillejas a Vicálvaro; Capitán Cortés de la calle de Monseñor Oscar Romero; Eduardo Callejo de Carcastillo; José Calvo Sotelo de la Avenida Ciudad de Barcelona; Patriarca Obispo Eijo Garay de López de Hoyos; Rufino Blanco de la calle General Álvarez de Castro; y el instituto Eijo Garay, ubicado en la calle Severino Aznar Embid. Además, pidió retirar la placa de recuerdo y homenaje a la resistencia exhibida en el acceso al Parque del Cuartel de la Montaña.

DENUNCIA EN LOS TRIBUNALES

El abogado Eduardo Ranz, especializado en Derechos Humanos, ha denunciado además en los tribunales a una cuarentena de alcaldes por un supuesto delito de desobediencia que habrían cometido al conservar estas placas. Entre ellos, denunció ante el Tribunal Supremo por la condición de aforados a los regidores de Zaragoza Juan Alberto Belloch; el presidente de la ciudad autónoma de Melilla, Juan José Imbroda; el de Toledo, Emiliano García-Page; el de Teruel, Manuel Blasco; la alcaldesa de Cáceres, María Elena Nevado del Campo o el de Guadalajara, Antonio Román.

El delito de desobediencia, tipificado en el artículo 410 del Código Penal, lleva aparejado una multa de tres a doce meses y una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis meses a dos años. De forma subsidiaria, calificaba los hechos como una falta contra el orden público del precepto 634, que prevé el pago de una multa.

El letrado recordaba que el artículo 15 de Ley de Memoria Histórica obliga a las Administraciones Públicas a tomar las medidas oportunas para retirar los escudos, las insignias, las placas y otros objetos o menciones conmemorativas de la "exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura".

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