El juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, ha señalado este martes en una providencia que no se puede tener por consignados los 587.413 euros depositados por la infanta Cristina, al apuntar que ésta ingresó el dinero por error en un Juzgado de Barcelona tras confundirse de número de cuenta. Los abogados de la Infanta Cristina, Miquel Roca y Jesús María Silva, han restado importancia al error en la consignación de los 587.413 euros al haberlo hecho en una cuenta equivocada y han asegurado que este miércoles "estará solucionado".
Se trata de la cantidad que solicitó para ella la Fiscalía Anticorrupción al considerar que la hermana del Rey Felipe VI se habría lucrado de los fondos supuestamente defraudados por su marido, Iñaki Urdangarin, en el marco de la trama empresarial urdida en torno al Instituto Nóos.
Para reclamar la fianza, el Fiscal se ha amparado en el artículo 122 del Código Penal, que establece que "el que por título lucrativo hubiere participado de los efectos de un delito o falta, está obligado a la restitución de la cosa o al resarcimiento del daño hasta la cuantía de su participación", aunque no haya sido considerado responsable criminal de los hechos investigados.
La doctrina Botín
Además, este mismo martes el fiscal anticorrupción Pedro Horrach ha subrayado que "no es posible que en un mismo país" el que fuera presidente de Banco Santander, Emilio Botín, no fuera sometido a juicio en el llamado caso 'cesiones de crédito' por solicitarlo únicamente la acusación popular, y sí "la ciudadana Borbón" en el caso Nóos, en referencia a la Infanta Cristina, pese a estar sometidos ambos "a una misma normal procesal".
Así lo ha puesto de manifiesto en una entrevista en IB3 Ràdio, en la que ha manifestado que no descarta recurrir el auto de apertura de juicio oral que el juez José Castro prevé dictar antes de Navidad, en caso de que el objeto del mismo "se exceda" en lo que a la aplicación de la doctrina Botín se refiere.
En concreto, esta "mal llamada" doctrina Botín, ha apuntado Horrach, impide juzgar a alguien si únicamente le acusa quien ejerce la acción popular -en este caso Manos Limpias- y no la Fiscalía o el perjudicado del delito cometido. Ni Ministerio Público ni Agencia Tributaria apuntan a la existencia de indicios criminales sobre la hermana del Rey Felipe VI.
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