El descrédito de la clase política alcanza magnitudes tan insoportables como la medida de la corrupción, que ha rebasado cotas inauditas con el estallido del 'caso Bárcenas', que se suma a una retahíla de sucesos penosos en prácticamente todas las comunidades autónomas y casi siempre ligadas a los partidos políticos, cuya financiación ha servido de pretexto para las más variadas corruptelas.
Ante este estado de cosas, se han suscitado ideas (más bien ocurrencias en la mayoría de los casos) de diverso pelaje. Así por ejemplo, un 'sector de pensamiento' aboga por la desprofesionalización de la política.
En concreto, y en este capítulo, Ana Botella ha realizado unas declaraciones, después matizadas para reducir el revuelo originado, en las que se mostraba partidaria de suprimir las 'Nuevas Generaciones', que es como se llaman las juventudes del Partido Popular. Se entiende que la opinión de la alcaldesa de Madrid y esposa del expresidente Aznar se refería en realidad a las ramas juvenilesde todos los partidos políticos. Botella piensa que los jóvenes, a esas edades, deben estar formándose y no ocupándose de cuestiones políticas.
Esta manifestación enlaza con otra de Esperanza Aguirre, quien ha defendido la tesis de que los políticos en activo deben tener otra profesión, a la que puedan volver cuando dejen de estar en los asuntos públicos. Y ambos razonamientos, el de Botella y el de Aguirre, demuestran un desconocimiento claro de qué es y cómo se hace la política democrática en nuestros contextos democráticos y occidentales.
La formación humanista completa, la que capacita para integrarse en la sociedad, debe incluir el aleccionamiento político. Por esto Europa (no sólo los gobiernos anteriores de España) introdujo en el tramo de educación obligatoria la asignatura Educación para la Ciudadanía. Participar en política, como sujeto activo o pasivo, es parte de la condición de ciudadano, por lo que resulta absurdo disociar esta actividad como si fuera una especialidad técnica o una disciplina científica.
El papel de la sociedad
En otro orden de ideas, el Gobierno ha encargado al Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, que dirige el sociólogo Benigno Pendás, la sugerencia de medidas que faciliten la participación ciudadana y que mejoren la imagen de lo público, hoy deteriorada hasta límites inauditos. Se propone, entre otras cosas, permitir que la sociedad opine sobre los proyectos de ley en trámite, valorar el funcionamiento del las leyes tiempo después de su promulgación, aumentar el contacto entre parlamentarios y electores, etc.
Dos vertientes
Mucho se ha dicho y se ha escrito sobre estas cuestiones, pero la realidad es bastante simple: para mejorar la transparencia y la relación entre estructura social y superestructura política, así como para mejorar la imagen de los políticos y mitigar la lacra de la corrupción, hace falta dos clases de actuaciones:
A).-Actuaciones tendentes a estrechar el vínculo entre electores y elegidos, lo que requiere una reforma de la normativa electoral que además relativice el papel de los aparatos de los partidos. Sintéticamente, debe avanzarse hacia el sistema electoral mayoritario ?que potencia la relación directa elector-elegido- o abrir y desbloquear las listas electorales si se quiere mantener el sistema proporcional.
B).-Actuaciones tendentes a incrementar el control de la legalidad. Todas las instituciones de derecho público, incluidos los partidos, deben estar sometidas al control estricto de una potenciada intervención general del Estado, con capacidad para garantizar la legalidad de todas las decisiones de gasto, mediante la denuncia a la fiscalía si fuera preciso. Asimismo, habría que reforzar el control fiscal de la actividad pública y privada de los políticos y de sus instituciones. Por si fuera cierto que en este país quien no se corrompe es porque no puede, habrá que lograr que nadie consiga burlar la ley.
Entidades
¿Cuándo empezó el reparto de sobres?