Ayer, en una intervención de partido, el líder de la oposición, Mariano Rajoy, manifestó que auspiciará cuando gobierne "el estado de bienestar que nos podamos permitir", y acto seguido realizó unas consideraciones sobre los países africanos, que a su juicio no podrían fijarse metas muy elevadas porque no tendrían capacidad de recaudación suficiente.
El realismo siempre es una virtud en política y malamente podríamos criticar a quien postule actitudes posibilistas, pegadas al terreno.
Sin embargo, en un país avanzado como el nuestro, lo lógico y racional es que los políticos, liberales o socialdemócratas, no se sujeten resignadamente a las evoluciones imprevisibles y aleatorias del destino sino que se marquen objetivos, los ofrezcan a la ciudadanía y que, una vez lograda la confianza de los electores, se apresten a conseguir los medios para materializarlos.
Etapa democrática
En lo tocante al estado de bienestar, nos encontramos en una encrucijada. De forma espontánea y natural, las sucesivas mayorías de la etapa democrática que arrancó en la Transición han ido consolidando un sistema de servicios públicos universales y de protección social que ha disfrutado de un gran consenso en los dos hemisferios ideológicos.
La gestión de algunos servicios esenciales se ha privatizado parcialmente en ocasiones pero los criterios básicos del estado de bienestar no se han cuestionado? Al menos hasta la gravísima crisis que acabamos de padecer, que ha puesto en evidencia nuestra presuntuosa opulencia y nos está obligando a revisar nuestros esquemas existenciales para adaptarlos a las posibilidades reales de este país.
Es precisamente ahora, al someternos todos a este baño de realidad, cuando tiene verdaderamente sentido el debate ideológico sobre la dimensión y el papel del Estado, es decir, sobre el alcance del estado de bienestar. Más o menos explícitamente, se confrontarán dos opciones distintas: la liberal, adicta a la tesis del 'estado mínimo', que propondrá recortes en la universalidad y en la gratuidad de los grandes servicios públicos, y la socialdemócrata, que defenderá que esos servicios, universales y gratuitos, consolidan la igualdad de oportunidades en el origen mucho mejor que el desacreditado concepto de redistribución.
Naturalmente, las dos opciones se fundamentan en modelos fiscales distintos: un estado de bienestar potente, que incluya los servicios sociales más depurados como el llamado cuarto pilar -la dependencia-, requerirá una presión fiscal más elevada que un modelo menos ambicioso.
Fiscalidad española
La fiscalidad española ha estado siempre por debajo de los promedios de la Unión, y probablemente había de ser así para compensar la baja productividad de nuestra economía y poder competir con los países de nuestro contexto; sin embargo, si realmente llevamos a cabo la modernización de nuestra economía, podremos permitirnos una armonización fiscal con nuestro entorno y el sostenimiento de un estado suficiente que nos garantice la seguridad hasta donde reclama el consenso social.
Hay, en fin, dos posibilidades, dos opciones ante nosotros, de forma que nuestra capacidad de elegir no es una entelequia sino una realidad creativa y gozosa. Ello no obstante, lo más deseable a medio plazo sería que los dos grandes partidos, que ya deberían entenderse para fraguar la modernización, llegaran también a un consenso de fondo sobre la magnitud del estado de bienestar, sin perjuicio de que cada uno de ellos impusiera al gobernar su propia impronta.
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