Alaya confirma la fianza a una exasesora de Empleo pero admite un "agravio comparativo"

La juez que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares ha confirmado la fianza de responsabilidad civil de 2.053.716,44 euros que impuso por orden de la Audiencia Provincial de Sevilla a la exasesora de la Dirección General de Trabajo María José Rofa, aunque ha admitido que se ha producido un "agravio comparativo" con otros imputados a los que no ha impuesto hasta el momento fianza civil, como por ejemplo al exinterventor general de la Junta Manuel Gómez.

Hay que recordar que, en un primer momento, la juez Mercedes Alaya no impuso fianza civil alguna a esta imputada alegando para ello que había "contribuido" al esclarecimiento de los hechos, lo que fue recurrido por la Fiscalía Anticorrupción, que pidió para Rofa una fianza civil de 205 millones de euros, tras lo que la Audiencia estimó este recurso y ordenó a la magistrada imponer una fianza civil a la exasesora de Empleo.

En un auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la juez señala que el "argumento base" del recurso interpuesto por Rofa contra su fianza civil "es el agravio comparativo" que se ha producido "al fijársele a ella una fianza como medida cautelar real y no hacerlo con otros imputados" como el propio Manuel Gómez o el que fuera técnico de la Dirección General de Trabajo y director de Administración y Finanzas de IDEA Antonio Diz-Lois.