Análisis: El programa económico del PP

El Partido Popular, que ha acumulado en las elecciones del 22M un poder local y regional sin precedentes en toda la etapa democrática, presentó ayer un documento, "Compromiso con España: empleo, austeridad y transparencia", que, aunque escueto, marca una rumbo que a todas luces servirá para orientar al partido durante el trecho de diez meses.

Ese es el tiempo, en principio, que falta hasta las elecciones generales de marzo, en las que previsiblemente y salvo catástrofes el PP culminará el cambio de ciclo político. Se trata, en fin, de una primera entrega programática parcial que más adelante se ensamblará con el programa general que el PP presente a las generales.

El programa ya publicado introduce un conjunto de medidas que va en la dirección adecuada, aunque falta, como se ha dicho, el ensamblaje de las políticas a estos niveles territoriales con la política estatal. De momento, las propuestas autonómicas y municipales se estructuran en tres capítulos: "Medidas de impulso económico para la creación de empleo", que es el más amplio y pormenorizado; "Apuesta por la educación" y "Lealtad institucional y cooperación territorial". A su vez, el primer epígrafe -el relativo al impulso para la creación de empleo- tiene tres partes: Austeridad, Transparencia y Apoyo a la creación de empleo.

Techo de gasto

El plan de austeridad, contundente, contempla la fijación de un techo de gasto no financiero, "en línea con el definido para los presupuestos Generales del Estado", una reforma genérica del sector público autonómico y la elaboración de un plan estratégico de racionalización del gasto corriente, a cuatro años vista, particular para cada ente regional o local, encaminado a mejorar la aplicación recursos a la gestión.

Aquella reforma genérica especifica una reducción a un máximo de 10 del número de consejerías, la reducción de las delegaciones territoriales provinciales, del número de altos cargos y de cargos de confianza, y un redimensionamiento del sector público empresarial.

El plan estratégico cuatrienal de racionalización del gasto corriente habrá de incluir un plan de gestión del patrimonio inmobiliario y alquileres; la creación de centrales de compras; la suscripción de acuerdos entre CCAA para la contratación o prestación de bienes o servicios (a modo de las mancomunidades); la reducción de gastos de representación y publicidad, del parque móvil, del uso de teléfonos móviles oficiales y un plan de ahorro energético basado en la eficiencia.

Además, el programa incluye la revisión de las ayudas y subvenciones, la reducción de entes y organismos del sector público, el fomento de la cooperación intermunicipal y un esfuerzo para evitar duplicidades y solapamientos competenciales.

En el capítulo de la Transparencia, que probablemente sea el políticamente más controvertido, se anuncia un ejercicio de actualización y control de las cuentas públicas para conocer el estado real -una especie de auditoría, en realidad-, y que deberá incluir la verificación de la tesorería, la comprobación de la realidad de estimación de ingresos para el actual ejercicio, el grado de cobertura de las obligaciones previstas para 2011 y el mapa real del entramado de organismos y empresas con participación pública.

Es muy lógico que la administración entrante quiera conocer la situación real de los organismos e instituciones que quedarán a su cargo; sin embargo, si se hiciera una aparatosa exhibición de desconfianza, se lanzaría un mensaje equívoco a los mercados y a la ciudadanía. En una democracia madura, todos tenemos la obligación de pensar que las distintas administraciones actúan con arreglo a las leyes y a las normas de procedimiento, de forma que las patologías que se descubran no deben tener tratamiento político sino penal.

Desarrollo de transparencia

En este capítulo, el plan popular prevé el desarrollo de un "portal de transparencia" que informe a los ciudadanos de todos los datos del funcionamiento de las administraciones públicas: información sobre la remuneración de los cargos públicos, sobre la ejecución del presupuesto y sobre los expedientes de contratación y subvención. Si se logra, se habrá dado con esta medida un gran paso en la lucha contra la corrupción.

Por último, el plan económico plantea una serie de medidas de "Apoyo a la creación de empleo", que incluye el compromiso de no subir impuestos, que evidentemente proporciona certidumbres positivas a los emprendedores; medidas de estímulo fiscal a la actividad (moratorias); agilización de trámites de creación empresarial e impulso de un plan de simplificación regulatoria y administrativa; mejora de la financiación a emprendedores a través de avales, sociedades garantía recíproca, créditos participativos, etc.; y revisión de la normativa autonómica y local que perturbe la unidad de mercado.

Asimismo, se incluye un plan especial de lucha de las administraciones contra la morosidad para minimizar los tiempos de espera de los proveedores. Evidentemente, el desarrollo de este plan estará supeditado a la normalización presupuestaria y a la lucha contra el déficit.

Conclusión: Las medidas enunciadas tienen un alcance limitado a los niveles autonómico y local, lo que reduce su efectividad a estos ámbitos. De ahí que el PP requiera en le mismo documento la convocatoria urgente de la Comisión Nacional de Administración Local, de la FEMP y de la Conferencia de Presidentes para, entre otras decisiones, poner en marcha planes de austeridad y reformas económicas tendentes a la creación de empleo en el conjunto del Estado.

Son tiempos preelectorales y es probable que la rivalidad haga estragos en la capacidad de acuerdo de los partidos entre ellos; sin embargo, la sociedad se sentiría reconfortada sin duda si estos planteamientos del principal partido de la oposición ?en ascenso- fueran tomados en cuenta por el partido del gobierno -en descenso- y dieran lugar a un conjunto de medidas simultáneas y homogéneas en los tres niveles de la Administración, el estatal, el autonómico y le local.

Para la siguiente legislatura, la tarea será todavía más ardua: la mayoría que resulte de las nuevas elecciones generales debería emprender una reestructuración de la financiación de los tres niveles, ya en el modelo emergente de la recesión en el que el sector construcción -que ha servido para financiar en la práctica el nivel municipal- tendrá una dimensión mucho más reducida que en el período anterior a la crisis. Habrá que confeccionar, en fin, una especie de "presupuesto cero" en le que, de un lado, se consideren los servicios que esta sociedad quiere recibir y, de otro lado, los ingresos públicos necesarios para el equilibrio. Hoy, la descompensación es evidente, y el problema sólo se resolverá cuando se aborde en su integridad y con un sentido totalizador.