Los padres de Marta del Castillo llevan al Congreso 1,6 millones de firmas por la cadena perpetua revisable

Los padres de Marta del Castillo Casanueva han anunciado que será hoy miércoles, día 17, cuando entreguen en el Congreso de los Diputados 1,6 millones de firmas recogidas para pedir un referéndum constitucional para la legalización de la cadena perpetua revisable y el cumplimiento de las condenas "íntegras" sin beneficio penitenciario para delitos graves.

Esta joven sevillana desapareció y presuntamente fue asesinada la noche del 24 al 25 de enero de 2009, en una vivienda de la barriada de León XIII de la ciudad andaluza.

Junto a las firmas, los padres entregarán en el registro general un documento en el que defienden que, "ante la alarma social ocasionada por algunos delitos graves de carácter violento, como el homicidio y sus formas, agresiones sexuales, detención ilegal, o desapariciones, principalmente con menores y personas de especial vulnerabilidad, la sociedad necesita una respuesta sólida y eficaz por parte de las instituciones del Estado".

"No sentimos que la Justicia aplique una pena ajustada al delito cometido"

En este texto, Antonio del Castillo y Eva María Casanueva exponen que tanto ellos como la sociedad en su conjunto entiende que, en caso de desapariciones e igualmente con menores y personal de especial vulnerabilidad, se necesitan protocolos "rápidos y eficaces" para minimizar los riesgos que para la víctima y sus familiares -víctimas directas de la desaparición- ocasionan la posible lentitud en las investigaciones por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

Por todo ello, solicitan un cambio en el Código Penal, en los artículos que correspondan a los delitos anteriormente mencionados, "para que se eliminen los beneficios penitenciarios que posee este código", así como un referéndum constitucional para la implantación de la cadena perpetua revisable para delitos especialmente graves.

"Las victimas no sentimos que la Justicia aplique una pena ajustada al delito cometido", y protocolos "efectivos y reales" en las actuaciones policiales y judiciales, señalan.