La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha sido categórica y contundente a la hora de criticar el sistema de financiación de RTVE puesto en marcha por el Gobierno en septiembre del año pasado.El organismo que vela por el juego limpio en el mercado ha elaborado un informe en el que echa por tierra las tasas que soportan los operadores de telecomunicaciones para sufragar las actividades de la Corporación, señalando, además, otras importantes deficiencias en las obligaciones a las que tendrán que hacer frente las televisiones privadas. En dicho informe, de carácter consultivo y promovido a raíz del borrador que desarrolla la Ley de Financiación de RTVE, Competencia cuestiona el efecto positivo que para las operadoras de telefonía móvil debería tener la retirada de la publicidad en TVE . "Cuanto menos es discutible", apuntan los técnicos de la CNC. "Los beneficiados directos no son ellos [las telecos], sino los proveedores de contenidos, que ven incrementado el valor de su espacio publicitario. Además, el resto de los oferentes de espacios comerciales (operadores de radio, prensa escrita, publicidad externa, publicidad online) quedan exentos de dicho gravamen", explica. Contrario al derecho europeo El organismo de control expone además que la justificación que acompaña a esta obligación de las operadoras de telecomunicaciones no está debidamente desarrollada ni en la ley ni en cualquier otro documento vinculado a la misma. Sobre el particular, la CNC también reconoce no tener claro "si los nuevos impuestos que tienen que abonar las operadoras de telecomunicaciones son compatibles con el Tratado de Derecho de la Competencia de la Unión Europea". Por lo pronto, Bruselas abrió el pasado enero un expediente sancionador contra el Gobierno francés por las cargas que sufren los operadores de telecomunicaciones galos, cuyos impuestos sirven para compensar la supresión de los ingresos publicitarios de los canales de televisión pública. Por lo anterior, todo apunta a que la Comisión Europa se pronunciará en idéntica dirección en el caso español, cuyo modelo de financiación de la televisión pública es prácticamente idéntico al de Francia. Diferencias geográficas Pero el informe sigue y en él se señalan más presuntas incongruencias cometidas por el Ejecutivo en la elaboración del nuevo mecanismo de financiación de la Corporación. Así, "la diferencia de trato" que se establece en la ley entre los operadores de telecomunicaciones y de televisión en función de su ámbito geográfico de actuación también aparece denunciada por la CNC. El organismo considera que la diferenciación entre las operadoras circunscritas a una sola comunidad autónoma, que no tendrán que contribuir económicamente con RTVE, y las de ámbito supra- autonómico, que sí que lo harán, no tiene justificación, pues ambas competirían en el mismo mercado. "Si de lo que se trata es de no gravar en exceso a los operadores más pequeños para favorecer la entrada en el mercado y el desarrollo del negocio, se podría haber optado por un criterio diferenciador que resultase menos perturbador de la competencia" dice la CNC. Y da ideas, como, por ejemplo, el establecimiento de algún "mecanismo de progresividad con arreglo al volumen de ingresos de los operadores", eximiendo incluso de la aportación a aquellos que no alcancen un umbral mínimo. En el caso de las televisiones en abierto su contribución será del 3 por ciento de sus ingresos, mientras que en el caso de las operadoras de pago ésta se reduce al 1,5 por ciento. Para las telecos, el porcentaje se eleva al 0,9 por ciento de sus ingresos. Distorsiones audiovisuales Pero no es la única objeción que Competencia encuentra a la ley de financiación de RTVE. El organismo tampoco alcanza a comprender exactamente por qué se supone que la ley de financiación no creará distorsiones significativas entre la posición de RTVE y la del resto de operadoras audiovisuales, ya que el límite presupuestario de 1.200 millones de euros de la Corporación no se ha fijado con arreglo a criterios objetivos. El empleo de dicha cantidad en los mercados en los que adquiere servicios "puede suponer una alteración de competencia", ya que podría "provocar, por ejemplo, una inflación de precios en los mercados en los que compite con otros operadores", como en la compra de series de ficción.