Madrid, 22 jun (EFE).- Greenpeace recurrirá en los tribunales el informe del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) que aconseja la renovación "con condiciones" de la explotación de Garoña por diez años más por considerar que el organismo ha incumplido sus obligaciones legales.
En una nota, Greenpeace explica que está preparando un recurso contra el CSN porque, durante el proceso de redacción del informe, este organismo no ha garantizado el derecho al acceso a la información y participación del público.
Greenpeace recuerda que según la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo y el Convenio de Aarhus, entre otras normas, las organizaciones ecologistas tienen derecho a exigir al Ministerio de Industria que ponga en marcha el llamado "trámite de Audiencia" que permite a los interesados presentar alegaciones.
Asimismo, Greenpeace considera que la actuación del CSN es impugnable por dos razones: porque no ha abierto un proceso de participación pública y por no haber motivado sus conclusiones.
También recuerda que otras dos leyes (una de ellas la de la creación del CSN) permiten que el público y los interesados puedan opinar en todo lo que se refiere a la seguridad nuclear y la protección radiológica.
"Como establece su propia Ley, es fundamental que las actuaciones del CSN cuenten con la necesaria credibilidad y confianza por parte de la sociedad a la que tiene la misión de proteger contra los efectos indeseables de las radiaciones ionizantes, pero en este caso el CSN ha vuelto a actuar a espaldas de la sociedad civil, vulnerando su propia normativa", denuncia el responsable de la campaña Nuclear de Greenpeace, Carlos Bravo.