Barcelona
El sector de las energías renovables da la voz de alarma tras la retirada el miércoles del Decreto Ley por el que se declaraban los proyectos 'verdes' de interés público superior con el fin de agilizar y acelerarlos procesos de tramitación. Además, la normativa era pionera en España en legislación de almacenamiento energético con baterías, lo que ponía a Cataluña en la punta de lanza en este segmento tras año de 'prohibición' tanto a parques eólicos como solares fotovoltaicos.
Actualmente, la Generalitat de Cataluña tramita casi un centenar de instalaciones que suman una potencia conjunta de cerca de 1.000 megavatios (MW). Datos del sector para elEconomista.es cifran en 600 millones de euros la inversión total. Además, a esta capacidad habría que sumar otros 553 MW que están en manos del Ministerio para la Transición Ecológica, que se encarga en las instalaciones con una potencia superior a los 50 MW. Fuentes del sector consultadas por este medio denuncian los impedimentos que están sufriendo por parte de algunos ayuntamientos para poder echar a andar la tramitación de un proyecto.
En concreto, hay uno que se ubicaría en las cercanías de Barcelona en terreno urbanizable al tratarse de un vertedero, a 1,5 kilómetros del núcleo urbano. "Es un ejemplo clarísimo de cómo el Decreto Ley salvaba este proyecto. Es la falta de regulación lo que paraliza a los organismo públicos", señalan las mismas voces. Con la normativa que acaba de decaer, las empresas desarrolladoras de proyectos, los ayuntamientos y la ciudadanía disponían de una regulación que eliminaba cualquier duda sobre cómo tramitar este tipo de instalaciones y permitía acelerar su implantación con garantías para todos los actores implicados.
Incertidumbre regulatoria
De su lado, Luis Marquina, presidente de la Asociación Empresarial de Pilas, Baterías y Almacenamiento Energético (Aepibal), insiste en la misma línea. "Lo que mata el desarrollo de proyectos es la incertidumbre regulatoria. Nadie sabe a qué atenerse", advierte. Además, Marquina hace gala de los beneficios de instalar baterías.
"Las baterías benefician al sistema eléctrico, hace que sea mucho más estable, reduciendo mucho el riesgo de apagones. También estaríamos creando un sistema renovable barato, con energía muy barata, lo que es una enorme ventaja competitiva. Entonces, ¿por qué hay que poner baterías? Porque el sistema con energía renovable lo necesita, sí o sí. Además, estamos apostando por una energía 'verde' y muy competitiva que será capaz de capturar industria", argumenta.
De su lado, Salvador Salat, delegado de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF) en Cataluña, deja un mensaje bastante claro: "Ningún futuro de suministro fiable de electricidad es posible en Cataluña sin el despliegue del almacenamiento que tiene que contribuir a la estabilidad del sistema y a compatibilizar que el despliegue de las energías renovables se haga con la mejor cobertura de la demanda".
Habrá segundo intento
Salat también denuncia que la ausencia de una "regulación clara" deja a los proyectos en una "indefinición" que pone en peligro las inversiones. Fuentes conocedoras de las anteriores negociaciones del Govern con ERC y Comuns para intentar sacar adelante a la normativa afirman que habrá un segundo intento para aprobar el texto, es decir, que se tendrían que aprobar otro Real Decreto con las modificaciones acordadas para su posterior ratificación en el Parlament.
"Lejos de afirmaciones que hemos escuchado estos días, este interés público superior no permite que ningún promotor se exima de pagar tasa o tributos ni cercena las protecciones. El sector fotovoltaico espera que las fuerzas políticas de Cataluña vuelvan al consenso sobre la emergencia climática y la urgencia por asegurar el suministro eléctrico en Cataluña y muestren la ambición necesaria para no quedarse solo aquí y vayan un paso más allá para aprobar las leyes que desbloqueen definitivamente el desarrollo de las energías renovables en la comunidad", añade Salat. En la actualidad, Cataluña también es la comunidad autónoma con más permisos de generación concedidos para conectar proyectos de almacenamiento stand alone a la red de transporte.
"La no convalidación del Decreto Ley impactará negativamente. Se quería agilizar la tramitación de proyectos y aportar seguridad al territorio, resolviendo algunos de los principales obstáculos al impulso de las energías renovables. En un contexto de emergencia climática, en Cataluña tenemos una dependencia energética del 82% y nos falta el 80% de generación eléctrica renovable para alcanzar los objeticos de aquí a cinco años. La marcha atrás transmite una imagen de desunión en una cuestión clave y se debería trabajar para obtener mayorías sólidas en un marco de consenso amplio, político y social. Debemos avanzar, abordar los matices y conseguir aprobar un decreto de estas características construyendo mayorías sólidas", indica Víctor Cusí, presidente de EolicCat.