Sector dice guardar datos clientes cuesta 30 millones/operador

Madrid, 25 oct (EFECOM).-La obligación de conservar los datos de las comunicaciones de los clientes de telecomunicaciones, supondrá un coste anual medio de entre 20 y 30 millones de euros por operador, dijo hoy la patronal ASIMELEC que pidió la creación de un Fondo Nacional para sufragar este coste.

La Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (Asimelec) presentó hoy sus alegaciones al anteproyecto de Ley de Conservación de Datos en el que se transpone la directiva comunitaria que fija la obligación por parte de los operadores de telefonía móvil, fija e Internet, de conservar los datos de las comunicaciones telefónicas de sus clientes (no los contenidos) como arma para luchar contra el terrorismo.

El vicepresidente de Asimelec, Martín Pérez, que dijo que esta patronal está de acuerdo con el fondo de la medida, afirmó que "Es injusto que las empresas tengan que asumir los gastos".

Por ello pide en las alegaciones que ha presentado ante el Consejo Asesor de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que el ministerio de Industria cree un Fondo Nacional que ayude a sufragar el elevado coste que implicará el cumplimiento de la futura ley.

Pérez recordó que el Consejo de Ministros de la Unión Europea, cuando debatía la Ley comunitaria, estimó que la puesta en marcha de un sistema para la conservación de datos, en el caso de una red internacional de telefonía móvil, serán de 100 millones de euros y los costes anuales alcanzarán los 50 millones de euros.

El anteproyecto de ley que analizan los ministerios de Justicia, Interior e Industrias, contempla la obligación de que los operadores de telecomunicaciones conserven por un año ciertos datos generados en cualquier tipo de comunicación electrónica y a entregarlos cuando se les requiera para la investigación, detección o enjuiciamiento de delitos.

A criterio de la Asociación, los doce meses es un período demasiado largo y conllevará nuevas instalaciones, la adquisición de hardware y la contratación de más personal.

Asimilec, en el conjunto de sus alegaciones entregadas a la CATSI, expresó que con seis meses de retención de los datos es suficiente y que este cambio no atentará contra el espíritu de la ley, y que solamente por razones extraordinarias, debidamente motivadas, se amplié a un máximo de 24 meses.

En el encuentro informativo, el representante de la asociación indicó que es indispensable para las compañías conocer en qué formato será requerida la información de los usuarios y que se fije tres días hábiles de plazo para la cesión de los datos, que se contarán a partir del día siguiente, tras recibir la orden.

Frente al recelo que conllevará para los usuarios de la telefonía fija, móvil e Internet, conocer que su información personal es susceptible de ser cedida, Asimilec propone que se especifique en el cuerpo de la ley que esta se entregará solamente bajo resolución judicial, en la que se fundamente el requerimiento.

Pérez mencionó también su preocupación porque el anteproyecto exige la identificación de los 24 millones de usuarios de telefonía móvil, de los que 16 millones usan tarjeta prepago, por lo que muchos no están identificados.

Añadió que esto implicará un cambio en el modelo de negocio de las operadoras e incrementará sus costes.

Los países miembros de la Unión Europea tienen como plazo hasta el 15 de marzo del 2009 para aprobar la ley, y en el caso de España, Pérez consideró que tardará más de un año.EFECOM

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