La primera reacción del Gobierno colombiano a la decisión de Gas Natural Fenosa (GNF) de activar el Acuerdo bilateral con España de protección de inversiones para salvaguardar su filial Electicaribe, amenazada de intervención, ha sido convocar una reunión a puerta cerrada con los gobernadores de los departamentos en los que opera la empresa para analizar con detalle la nueva situación. Tendrá lugar el próximo viernes, en Cartagena.
El ministro de Minas y Energía, Germán Arce, ha modificado el formato de una cita abierta que iba a celebrarse durante el Congreso de la Andi. Ahora será a puerta cerrada y además de los gobernadores participarán el Superintendente de Servicios Públicos y el propio ministro. El Congreso lo clausura el presidente José Manuel Santos y se baraja que también participe en la reunión.
A priori, el encuentro servirá para que intercambien información, se coordinen y articulen una estategia que guíe el diálogo con GNF. Los gobernadores reclamaban al Gobierno la intervención inmediata de la empresa y, después de que ésta, al amparo del citado Acuerdo bilateral, haya notificado formalmente la existencia de una "controversia" a solventar con el Estado colombiano, se ha abierto un plazo de seis meses para negociar en los que es extremadamente improbable que el Gobierno haga algún movimiento drástico.
Todo el mundo sabe que cambiar el operador de las redes caribeñas no soluciona el problema, porque la región adolece de falta de inversión desde hace muchos años y eso no es algo que pueda solucionarse de la noche a la mañana -lo ha reconocido hasta el propio Arce-, pero la actuación de GNF ha dado un giro a la situación y ahora afrontan otro escenario en el que la presión verbal sirve para poco y, si no hay concordia, termina en un arbitraje internacional.
Condicionarlo a la inversión
No obstante, los líderes locales siguen en una situación delicada: sufren el descontento de la población y ven cómo sus territorios pierden inversiones, porque el capital busca otros destinos en los que el básico suministro eléctrico sea más seguro, como ha declarado Bruce Mac Master, el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios.
Por eso, alguno, como el gobernador del Departamento de Atlántico, Eduardo Verano, quiere que esta nueva fase de diálogo con amparo jurídico se condicione a que la empresa invierta en las infraestructuras y mejore la calidad del servicio eléctrico.
Otros van más allá, como el Alcalde de Barranquilla -localidad que ha sufrido graves apagones, con disturbios y muertos-, e insisten en la intervención inmediata.
En cualquier caso, ante la posibilidad de que el caso desemboque en una demanda internacional -se daba por presentada hace unos días- la prensa baraja soluciones. Por ejemplo, se ha publicado que otras dos empresas energéticas, Celsia y Promigás, tenían interés en hacerse con Electricaribe y que habían recibido ofertas, pero ambas lo han desmentido. También se recuerda el caso de la antigua Unión Fenosa en República Dominicana, de donde salió en 2003 tras cobrar 13,3 millones en efectivo y otros 371 millones durante 12 años.