De la Rúa y Cavallo en ojo de tormenta por millonario "megacanje"

Buenos Aires, 28 sep (EFECOM).- El "megacanje", en su día presentado como el mayor logro financiero del Gobierno de Fernando de la Rúa, acabó hoy con el procesamiento de sus dos principales artífices: el ex presidente argentino y su "súper ministro", Domingo Cavallo.

Para el juez Jorge Ballestero, el político que gobernó el país de 1999 a 2001, su ex ministro de Economía y los antiguos funcionarios de ese área Daniel Marx y Jorge Baldrich, a quienes también procesó, idearon una operación de canje de títulos públicos que resultó "altamente perjudicial" para el país.

El magistrado, que acusó a los imputados de "fraude a la administración pública", busca determinar si en el canje de bonos por 29.000 millones de dólares, concretado en junio del 2001, se cometió un perjuicio al Estado por casi 40.000 millones de dólares.

Ballestero sostuvo en su resolución que los funcionarios obraron con "absoluta conciencia" de que actuaban en "perjuicio de los intereses nacionales".

"Mediante su accionar el Estado sustituyó un calendario de pago por otro en el que, para lograr un alivio financiero de 12.840 millones de dólares hasta el año 2005, se incrementaron los vencimientos hasta el 2031 en más de 55.000 millones de dólares", destacó.

El juez consideró una "sinrazón" la operación financiera y dijo que era "absolutamente previsible" que Argentina "caería en el cese de pagos", como ocurrió hacia finales del 2001, tras la renuncia de Fernando de la Rúa, y que el escaso tiempo que se compraba aumentaría "enorme e injustificadamente la deuda pública".

Además, Ballestero descartó de plano el planteamiento de Fernando de la Rúa en el sentido de que no se podía juzgar lo que el ex presidente calificó de una "mala decisión política-económica", al declarar hace unas semanas ante el juez.

"Sostener que un negocio de tamaña magnitud, en el que intervinieron economistas reconocidos a nivel mundial, como Cavallo y Marx, fracasó tan sólo por una operación de prensa o se trató de una mala decisión, sería cuanto menos ingenuo de mi parte", subrayó el magistrado.

Además de procesarles sin prisión preventiva, Ballestero dictó embargos de 30 millones de pesos (unos 9,6 millones de dólares) sobre los bienes del ex gobernante y de Cavallo, quien por entonces se había ganado el apodo de "súper ministro" por los poderes especiales que recibió del Parlamento.

También fueron alcanzados por una medida similar Marx y Baldrich, ex secretarios de Finanzas y Hacienda, quienes recibieron embargos de 25 millones de pesos (8 millones de dólares) y 10 millones de pesos (3,2 millones de dólares), respectivamente.

El ex diputado Mario Cafiero, querellante en la causa, manifestó hoy su "beneplácito" por la resolución de Ballestero y opinó que es "el primer paso concreto contra la impunidad financiera que reina en Argentina desde hace 30 años".

"Ahora hay que avanzar por la nulidad de esa parte de la deuda que hoy estamos pagando todos los argentinos. El próximo paso debe ser investigar cómo se beneficiaron los banqueros con esta maniobra", aseguró a medios locales.

Al declarar ante Ballestero hace dos semanas, De la Rúa, que renunció a la Presidencia en diciembre de 2001 en medio de un estallido social que se saldó con una treintena de muertos, defendió el "megacanje" al señalar que fue un "hecho lícito" adoptado para "evitar el cese de pagos" de la deuda externa.

El fiscal de la causa, Federico Delgado, pretende que se llame a declarar como imputados a Ernesto Marcer, ex procurador general del Tesoro de Argentina, y al ex subsecretario del Tesoro de Estados Unidos David Muldford, por entonces directivo del banco Credit Suisse First Boston (CSFB), coordinador de la operación.

El fiscal quiere que también se cite a los presidentes de los bancos Galicia, Santander, BBVA Francés, CSFB, HSBC, JP Morgan Securities y Salomon Smith Barney, que participaron en la compleja operación financiera de canje.

Según Delgado, se implementó una "puesta en escena" mediante la "contratación del grupo de bancos" para hacer un "desplazamiento patrimonial a favor de un agente o tercero" de bienes de la administración pública, lo que puede configurar un "ardid o engaño".

Argentina pagó comisiones a estos bancos por unos 160 millones de dólares en una operación que aumentó su deuda en más del 30 por ciento, según denuncias que presentaron legisladores y abogados ante Ballestero en 2002. EFECOM

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