
Los dos peritos del Banco de España, Antonio Busquets y Victor Sánchez Nogeras, acusaron ayer al consejo de administración de BFA, la matriz de Bankia, de una "pésima calidad del riesgo de crédito o incluso de una carencia del mismo".
Según dijeron ante las preguntas del abogado de BFA, Luis Jordana, entre la muestra de acreditados que examinaron había 58 grandes empresas de las que ni siquiera había balance de cuentas -representaban créditos por 1.366 millones- y otros 91 - por 2.684 millones de euros-, que no tenían la valoración adecuada de las garantías.
El abogado de BFA preguntó entonces por qué el Banco de España no advirtió de estas presuntas irregularidades, a lo que los peritos respondieron que la labor de éste no es hacer una auditoría ni controlar la contabilidad de las entidades financieras, sino sólo su solvencia.
Sánchez Nogueras se mostró especialmente crítico con el Banco de Valencia, asegurando que era el mayor caso de errores contables "que he visto en mi carrera profesional", según fuentes jurídicas.
Después de que el pasado martes, los dos peritos se quejaran de que la entidad no les había enviado la información solicitada sobre los grandes créditos, Bankia reaccionó ayer explicando que proporcionó en total 960 documentos electrónicos con 3,5 millones de datos sobre su cartera de préstamos subestándar, aquellos con riesgo de acabar siendo morosos. "Hemos facilitado toda la información que se pidió", insistió un portavoz.
Los inspectores designados por el Banco de España habían pedido al banco que señalaran las debilidades que motivaron la reclasificación de cada riesgo e incremento de provisiones, algo que, según la entidad presidida por José Ignacio Goirigolzarri, no se puede aportar porque no hay una razón individual que lleve a tomar tal decisión, sino una política general de reclasificación, además de que la petición se hizo un año después de que comenzara su trabajo y que queda acreditado en las providencias judiciales sobre el reclamo de la información.
Lazard corrobora la versión de Rato
Lazard ha acreditado ante el juez Fernando Andreu que el pago de 6,1 millones que efectuó a Rodrigo Rato en 2011 fue fruto de un contrato de derechos sobre acciones que el expresidente de Bankia había adquirido tres años antes, corroborando así la versión de éste. En la documentación que la entidad ha remitido al juez se certifica el abono en dos cuentas de Rato de algo más de 8 millones, entre sueldo fijo, bonus y acciones durante los más de dos años que trabajó como director general senior y presidente del consejo asesor.