Madrid, 23 oct (EFECOM).- El abogado José Luis Redondo Bellón, que defiende a Miguel Soler, afirmó hoy que hubo apropiación indebida por parte del antiguo director financiero de Torras al pagar 27,4 millones de dólares KIO al empresario Enrique Sarasola mientras que la falsedad documental, de existir, está prescrita.
En la Audiencia Nacional, la sesión de hoy comenzó con el informe final de defensa del abogado de Soler, para quien Anticorrupción pide cuatro años de cárcel por falsedad documental y la acusación particular de Grupo Torras otros 12 años de cárcel por este delito y el de apropiación indebida.
Según expuso Redondo durante toda la vista oral, que comenzó el pasado mes de julio, "no hay prueba que desvirtúe la presunción de inocencia de Soler", acusado de autorizar como director financiero un préstamo para devolver el importe de estos pagos presuntamente efectuados a Sarasola pues el fiscal mantiene que fueron para Javier de la Rosa.
A mediados de 1988, De la Rosa solicitó, sin consentimiento del consejo de administración del Grupo Torras, autorización para que en nombre de Torras Hostench SA, el grupo kuwaití KIO adelantara 27,4 millones de dólares (3.176 millones de pesetas) por un pago "de servicios rendidos" a la compañía española, sin que ello supusiese, posteriormente, "ningún beneficio ni provecho comercial" para esta empresa.
KIO autorizó este pago a Torras Hostench SA y lo consideró como un préstamo, pues una filial de Kuwait Investments Office en Holanda -Kookmeeuw Holdings BV- hizo una transferencia por 3.176 millones de pesetas a nombre de la sociedad Bigley, cuyo titular era Sarasola, ya fallecido, de la que salieron más de 5,99 millones de dólares (695 millones de pesetas) para De la Rosa, "sin que haya dado explicaciones de ello", según el fiscal.
Posteriormente, Torras Hostench tuvo que devolver este préstamo a KIO y, para ello, se diseñó un esquema a través de la sociedad instrumental gibraltareña Croesus, a la que Torras Hostench London -la filial de la compañía española en el Reino Unido- le transfirió 25 millones de dólares (3.073 millones de pesetas) después de firmar un préstamo con el Banco Santander en septiembre de 1989.
Según el relato del fiscal, Soler obtuvo este préstamo con Torras Hostench SA como avalista y garante de la devolución hasta el total, por lo que pignoró unos pagarés por valor de 5.200 millones de pesetas (42,27 millones de dólares de la época).
Sin embargo, la defensa de Javier de la Rosa mantiene que se acordó pagar al empresario Enrique Sarasola 35 millones de dólares por las acciones y los servicios prestados en la venta de Urbanor a la firma kuwaití, además de otras intervenciones en la fusión de Explosivos Rio Tinto con Cros (para formar Ercros) y la opa de Torras sobre Ebro.
En un momento dado, como Kio reclamaba el dinero y Sarasola mantenía su negativa a dar recibos, el citado préstamo se consideró "fallido" con el objetivo de obtener beneficios fiscales, tras lo que se amortizó con cargo a reservas.
Si hubiesen tenido recibos, según De la Rosa, los pagos a Sarasola se habrían contabilizado como gastos, pues, en su momento, el financiero catalán no sabía nada de "Croesus", una firma que nunca recibió estos 25 millones de dólares, como siempre mantuvo en el juicio el ex director financiero de Torras.
Hoy, el abogado de Soler, que pidió su absolución, mantuvo la posición de la defensa de Javier de la Rosa y recordó que no se puede "mezclar diferentes operaciones" financieras relacionadas con el Grupo Torras y KIO para buscar un "delito continuado", pues su defendido "nunca utilizó fondos" y "carecía de la facultad de fiscalizar" lo que decidía la gerencia del grupo Torras.
Este juicio, del que se cumplen cuatro meses, se celebró después de que en 2006 el Tribunal Supremo estimase un recurso presentado por la acusación particular del Grupo Torras, a varios de cuyos puntos se sumó la Fiscalía Anticorrupción, contra la prescripción de estos delitos, motivo por el cual no había sido juzgada la operación Croesus junto con la de ICSA-Impacsa en 2003.
Al decidir el alto tribunal la no prescripción de estos delitos abrió la puerta para que se celebrase la cuarta vista en la Audiencia Nacional por diferentes casos relacionados con el grupo Torras, ya que han sido juzgados, además de ICSA-Impacsa (2003), las operaciones Wardbase (2004) y las denominadas Quail-Acie y Pincinco-Oakthorn-Prima Inmobiliaria (estas dos últimas hace un año en la misma vista en 2006).
Soler fue acusado por la Fiscalía Anticorrupción en todos ellos, pero el Supremo, en tres sentencias diferentes, le exculpó de los cargos que mantenía el ministerio público y la acusación del grupo Torras. EFECOM
dsp/jla