Empresas y finanzas

Los países UE intentarán aprobar la reforma del sector de frutas y hortalizas

Mercedes Salas

Bruselas, 10 jun (EFECOM).- Los ministros de Agricultura de la UE afrontarán, mañana y el martes, en Luxemburgo, la negociación final para aprobar la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) de frutas y hortalizas, que afecta a uno de cada tres agricultores en España, primer país europeo en estas producciones.

El Consejo de Agricultura comunitario tratará de llegar un acuerdo para reformar la OCM y consensuar los aspectos más polémicos: la gestión de las crisis de mercado y la sustitución de las subvenciones actuales (a las producciones para industria) por un pago por hectárea independiente de la cantidad cosechada.

Asistirá la ministra española de Agricultura, Elena Espinosa, acompañada por el consejero del ramo de Cataluña, Joaquim Llena, quien representará a las comunidades autónomas en esta negociación y en otros asuntos del Consejo la representación autonómica será para la consejera de Asturias, Servanda García.

Los Veintisiete negociarán intensamente la OCM, con debates y reuniones bilaterales que se anuncian prolongados, aunque la discusión arranca con optimismo sobre un acuerdo, por parte de la Comisión Europea (CE) y del Gobierno español.

España es el primer productor comunitario de frutas y hortalizas, con una facturación anual cercana a los 14.000 millones de euros, que representa el 34% de la agricultura nacional.

El peso de este sector es superior en Andalucía, Murcia o la Comunidad Valenciana, aunque es importante también en Aragón, Navarra, Castilla-la Mancha o Cataluña.

La propuesta de Bruselas tiene como punto central la supresión de los apoyos que ahora se dan sólo a los productos que van a la transformación, como tomate o cítricos, y en su lugar se establece un pago por hectárea -para los frescos y para los que van a industria- independiente del volumen producido.

Se trata de aplicar el sistema de subvenciones conocido como "pago único", desligado de la producción, que ya está vigente en el olivar, tabaco o en cereales y Bruselas pretende destinar el dinero parar las subvenciones a frutas y hortalizas, basándose en referencias históricas.

España y otros Estados productores reclaman un período transitorio durante el cual se pudiera mantener parte de la subvención ligada a la producción, para evitar el desabastecimiento de las industrias.

Para el Gobierno español es deseable un período de "tres o cuatro años" de transición desde que entre en vigor la reforma (2008) y está preocupado por el sector de cítricos, en el que quiere que durante ese tiempo provisional pueda ligarse a contratos la concesión de la prima.

Bruselas se ha mostrado favorable a otorgar un plazo transitorio "pero corto", antes de que todas las ayudas se desliguen de la cosecha.

La reforma no varía el presupuesto para la OCM de frutas y hortalizas -1.488,8 millones en la UE y 486 para España en 2005- y en el caso de las ayudas para la industria, los fondos para el sector español serían de 168 millones de euros.

Además, el proyecto que ha puesto sobre la mesa la comisaria europea de Agricultura, Mariann Fischer Boel, prevé cambios en las inversiones que las organizaciones de productores (OP) realizan con un 50% de cofinanciación de la UE y en algunos casos, como las que se efectúen en Canarias, aumenta esta aportación al 60%.

Precisamente otra de las cuestiones que más protagonismo tendrá en esta negociación y que provoca las discrepancias de los países productores es la idea de establecer medidas de gestión de crisis que emprenderían las OP con ese 50% de contribución comunitaria.

España, Francia, Italia, Grecia o Portugal consideran que esa opción es insuficiente para combatir las crisis y son partidarios de otros mecanismos, como el establecimiento de un Fondo aparte que financiará actuaciones como retiradas o cosechas en verde, lo que respaldó el Parlamento Europeo.

La CE ha ido mencionando posibles concesiones para acercarse a un compromiso, como préstamos que gestionarían las OP y cuyo interés o la mitad de la amortización sería financiada con dinero comunitario.

Uno de los aspectos que deben cerrarse es si esos créditos son para todos los agricultores o solamente para los que integren una OP, pues Bruselas intenta que con la reforma se potencien esas entidades y se concentre el sector.

La Comisión alega que la agrupación de los productores -actualmente sólo 40% están en OP- es vital para afrontar la competencia de países terceros y el dominio de las grandes superficies.EFECOM

ms/cg

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