Representatividad agraria se fijará con criterios si no hay acuerdo electoral

Madrid, 2 may (EFECOM).- La representatividad agraria se podría fijar a través de criterios objetivos de participación de las organizaciones agrarias auditados por un comité de funcionarios y expertos si el Ministerio de Agricultura no consigue un acuerdo con las Comunidades Autónomas para hacer un proceso electoral.

Así lo dispone el Informe-Dictamen de la Comisión sobre Representatividad e Interlocución en la Agricultura Española constituida por el Ministerio de Agricultura, al que ha tenido acceso Efeagro.

A esta opción se podrían acoger aquellas Comunidades Autónomas que no lleguen a un acuerdo con las organizaciones agrarias mayoritarias (Asaja, Upa y Coag) para convocar elecciones cada seis u ocho años con un censo basado en datos de los regímenes de la seguridad social u otros registros.

También sería la opción si el Gobierno definitivamente renunciara a la vía electoral -para la que se necesita contar además con un presupuesto específico- como sistema para medir la representatividad de las organizaciones profesionales agrarias a nivel estatal.

Entre los criterios objetivos que podrían determinar la representatividad de las organizaciones agrarias se incluye el grado de afiliación medido a través del número de titulares de explotación afiliados.

Otros de los criterios a tener en cuenta, según el Informe-Dictámen, serían la disponibilidad de recursos materiales (número de sedes permanentes en el territorio) y humanos (personal empleado en sus servicios técnicos y administrativos) y la presencia continuada en instituciones estatales de consulta e interlocución como Enesa, Consejo Nacional del Agua, etcétera.

También prevé que se tenga en cuenta la pertenencia al COPA u otras organizaciones internacionales similares, así como la participación continuada en los comités consultivos agrícolas de la UE, la colaboración mediante convenio en la tramitación de las ayudas de la PAC y la presencia en la concertación social con los sindicatos de asalariados agrícolas.

Además, el MAPA podría tener en cuenta a nivel de representatividad estatal como un criterio más los resultados de las elecciones celebradas en aquellas Comunidades Autónomas que hayan optado por los procesos electorales.

La Comisión sobre Representatividad e Interlocución en la Agricultura Española propone en su Informe-Dictámen establecer un sistema de financiación de las organizaciones profesionales agrarias basado en el nivel de representatividad de cada organización, según los criterios objetivos o resultados electorales.

Considera necesario que se fije un mínimo de financiación para cada una de ellas y unos suplementos en función de la mayor representatividad alcanzada y de las actividades de colaboración con el MAPA desarrolladas a través de convenios.

Sin embargo, para la financiación del resto de las asociaciones agroalimentarias (CCAE, FIAB y otras asociaciones sectoriales) prevé que la financiación se mantenga como hasta ahora, por la vía de los convenios para desarrollar actividades de colaboración con el MAPA, dada la mayor capacidad y autonomía de estas entidades.

El Informe-Dictámen propone también crear un Comité General de la Producción Agraria presidido por el secretario general de Agricultura del MAPA y formado por las organizaciones profesionales agrarias para discutir el proyecto de presupuesto agrario del MAPA y para hacer el seguimiento a los compromisos acordados.

También propone crear un Consejo Agroalimentario para debatir las grandes orientaciones de la política agraria y alimentaria, presidido por el MAPA y formado por representantes de otros ministerios y las organizaciones agrarias, así como las asociaciones más representativas del cooperativismo agrario y de las industrias agroalimentarias y los sindicatos.

Con las conclusiones del Informe-Dictámen, el Ministerio de Agricultura elaborará un proyecto de ley que fijará los nuevos criterios para medir la representatividad agraria, tras la derogación, en noviembre de 2005, de la Ley de bases del régimen jurídico de las Cámaras Agrarias de 1986.

Esta nueva Ley se prevé aprobar antes de fin de año, tal y como ha anunciado la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, en el Congreso y tal y como recogía la Ley de derogación, que indicaba que en el plazo máximo de dos años se contaría con una nueva normativa. EFECOM

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