Madrid, 26 feb (EFECOM).- La Fiscalía Anticorrupción ha acudido hoy a la sede central de Telefónica para recoger las actas de los consejos de administración y cualquier otra reunión de los órganos directivos en las que participase el anterior presidente de la compañía, Juan Villalonga, imputado en el caso Sintel.
Este equipo de Anticorrupción supervisa toda esta documentación gracias a un mandato judicial realizado por el titular del Juzgado Central número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, que respondió así a una petición del Ministerio Publico realizada tras la declaración de Villalonga ante el juez hace diez días como imputado en el caso Sintel.
En aquella ocasión, el ex presidente de Telefónica Juan Villalonga declaró "no saber nada del caso Sintel" porque durante su mandato sólo se ejecutó el acuerdo de venta de la compañía que se acordó durante la etapa de su antecesor en el cargo, Cándido Velázquez.
Estas manifestaciones motivaron que el fiscal anticorrupción José Grinda González pidiese al juez Pedraz que el actual secretario general de telefónica, Ramiro Sánchez de Lerín García-Ovies, facilitase los documentos relacionados con la presidencia de Villalonga, desde junio de 1996 hasta julio de 2000, fecha en la que cesó en el cargo.
Anticorrupción busca la totalidad de las actas originales de cualquier reunión del consejo de Administración o de otros comités relacionada con auditorías, nombramientos, retribuciones, recursos humanos, regulación, filiales, asuntos internacionales o cualquier otra decisión que se hubiese adoptado, así como las actas de la junta de accionistas y los estatutos sociales vigentes en estos años.
Villalonga afirmó ante el juez que lo único que hizo fue ejecutar el acuerdo y que "no sabía nada" de la venta de Sintel ya que esta operación no tuvo que pasar por ningún comité de dirección, y por tanto no intervino en el acuerdo de venta sino en su ejecución.
Anticorrucpión coincide con las tesis de los trabajadores de Sintel, que responsabilizan a Telefónica de la quiebra de la filial, así como a los gestores de la operadora que vendieron Sintel a Mastec International, empresa filial de Mas Tec Incorporated, propiedad de la familia Mas Canosa.
Según la Fiscalía Anticorrupción, cuatro hechos de "especial relevancia" llevaron a la quiebra de Sintel, con la consecuente pérdida de empleo de sus 1.800 trabajadores.
En primer lugar, la venta de Sintel por parte de Telefónica en abril de 1996 a Mas Tec Incorporated, mediante su filial Mas Tec International.
Después, en diciembre de 1998, se celebra un contrato de reconocimiento de deuda por parte de Telefónica y Mas Tec, por el cual se utilizaba a la propia Sintel como aval para pagar su compra.
El tercer hecho relevante es la transmisión de la mayor parte de las acciones de Mas Tec International a cinco sociedades, cuatro de ellas domiciliadas en las Islas Vírgenes, cuyos administradores se incluyen en la lista de posibles imputados.
Finalmente, el fiscal destaca el hecho de que las filiales de Sintel de cuatro países sudamericanos se transmitieron también a esas sociedades y advierte de que tanto esta operación como la anterior serán objeto de otro informe de imputación.
Para la Fiscalía, la investigación demuestra que a quienes reclama como imputados son responsables de haber "provocado conscientemente dicho resultado (la insolvencia de Sintel)" y el efecto que las decisiones tomadas "iban a tener en el patrimonio" de la empresa y, por tanto, en el de sus diferentes acreedores, "singularmente los trabajadores". EFECOM
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