"Los empresarios no se merecen esto: no se han ido, les han echado"

Son días convulsos para los empresarios españoles, que no ocultan su preocupación ante el impacto que el choque de trenes entre el Gobierno y la Generalitat va a tener -y, de hecho, ya se está constatando- en la economía catalana y, por ende, en la del conjunto de España. La escalada de tensión ya pesa en las previsiones de crecimiento y en el apetito inversor extranjero, y sus nefastas consecuencias ya se han materializado en una fuga de empresas sin precedentes: más de medio millar de compañías han huido de la región desde el 1-O. "Los empresarios no se han ido de Cataluña, les han echado", matiza el vicepresidente de la CEOE y presidente de Cepyme, Antonio Garamendi, acérrimo defensor del Estado de Derecho y de la unidad de España. "No comparto el criterio de quien la quiere romper", sentencia.

Sí, pero no; ni sí, ni no... ¿Qué sucedió el martes en el 'Parlament'? ¿Puigdemont declaró la independencia y luego la dejó en 'stand by'?

Eso habría que preguntárselo a un jurista. Es tal la confusión que el propio Gobierno ha enviado un requerimiento al presidente de la Generalitat para que aclare si la ha declarado o no. Como representante de las pymes en España solo te puedo decir que estamos esperando la respuesta. El Gobierno ha hecho lo que debía hacer, que es preguntar.

Si reconoce que así fue, el Gobierno tendría que aplicar el artículo 155 de la Constitución. ¿También sería la respuesta adecuada?

Estamos en un Estado democrático, social y de derecho. A partir de ahí, apoyamos no solo al Gobierno, sino a todas las instituciones del Estado, incluidos los alcaldes de Cataluña, para que actúen aplicando la ley, que es la base de la democracia. Si hay que aplicar el artículo 155 o no, no lo sé, son las instituciones las que tienen que saber lo que deben hacer. El Estado de derecho está por encima de todo.

Hay mucha reticencia a mentar este apartado de la Carta Magna. ¿Por qué es tan traumático?

El 155 no está desarrollado, es un artículo abierto. Yo no soy quién para decir si hay que aplicarlo o no. En lo que estamos de acuerdo es en que se aplique la ley. Si es esa, que sea esa. U otra, no lo sé. Estamos pidiendo que se dialogue dentro del orden constitucional en el Parlamento español. Estamos tremendamente satisfechos con el acuerdo implícito entre PP, PSOE y Ciudadanos en este sentido. Eso nos da tranquilidad. Son ellos los responsables y los que tendrán que velar por el cumplimiento de la ley y por ver cómo se encarrila esta situación dentro del orden constitucional.

¿Le parece oportuna una reforma de la Constitución?

Una reforma de la Constitución significa que va a haber una mesa abierta seis meses donde se va a hablar de todo. Como empresario, que se pueda hacer reformas me parece bien. Nada es invariable y todo se puede cambiar dentro de la ley. Para eso está la clase política, espero que tengan responsabilidad, lleguen a acuerdos y sean votados por el pueblo español. En ese momento, ya hablaremos. Ahora no toca. Hay que restituir la legalidad y, a partir de ahí, que se hable, insisto, con la Constitución en la mano.

¿La incertidumbre se disipará en esos meses de diálogo o, por el contrario, podría agravarse? Ayer S&P advirtió del riesgo de recesión en Cataluña si no cesa la tensión...

Esto no es un futurible, sino un hecho. La inseguridad jurídica es malísima y se está demostrando.

De hecho, ya han huido más de 500 empresas de la región.

Las empresas no se han ido, las han echado, y el problema para las pymes es que no se pueden ir, cierran.

¿Cree que volverán?

Algunas pueden volver, pero muchas no. ¿Van a volver a la inseguridad? Este tipo de decisiones no se toman para un par de años. Se han metido en un lío gordísimo.

Estamos ante una situación sin precedentes y el impacto económico es difícil de calcular. ¿Quiénes van a ser los grandes perjudicados?

Las consecuencias son horribles para Cataluña y para España. Ya se está notando en la economía, sobre todo en el empleo. Estábamos en la buena senda, creando más de medio millón de puestos de trabajo al año, y esto va en sentido contrario.

Cuando se ha ido todo el Ibex 35 y se marchan las grandes empresas, marcas conocidísimas, en cascada van muchas más: clientes, proveedores... Sin ninguna duda, esto se va a traducir en menor crecimiento, menos inversiones y más paro.

Quien niega las graves consecuencias para la economía, ¿miente?

Algunos viven en los mundos de Yupi y esta es la realidad. Solo un dato: en Cataluña hay 30.000 agricultores que se benefician de la Política Agraria Común de la Unión Europea, reciben entre 300 y 400 millones de euros al año. ¿Qué se piensan, que seguirán contando con ello? Esa irrealidad que se está planteando está causando un daño importantísimo, especialmente a Cataluña, pero también al resto. No olvidemos que Cataluña es una parte importantísima de España.

¿Ve luz al final del túnel?

Los empresarios queremos estabilidad. Yo defiendo la unidad de España y no comparto el criterio de quien la quiere romper. A partir de ahí está el orden constitucional y la clase política para arreglarlo. Lo que no puede ser es que se den soluciones de corto plazo para que dentro de dos días pase lo mismo.

Usted ha adoptado una postura constructiva y ha pedido no hacer boicot a los productos catalanes.

Por la misma razón que defiendo la unidad de España. Hablo de unidad como valor. Es absurdo no comprar algo que es parte de lo mío. Cuando se arregle esto, lo voy a celebrar con cava. Boicotear los productos catalanes es justamente darles la razón a los que quieren romper España. Soy adalid antiboicot.

¿El conflicto catalán está desgastando nuestra imagen exterior?

Claro que da mala imagen esta situación, y por supuesto que nos va a afectar. Pero no olvidemos que España es aplaudida en el extranjero y vista como un ejemplo de lo que hay que hacer, de cómo estábamos y cómo estamos ahora, en términos de crecimiento. Tenemos grandes empresas y en Cataluña hay empresarios espectaculares que no se merecen lo que está pasando.