El concurso de la autopista R-4 avanza y los acreedores decidirán su futuro el 12 de julio

El juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid ha fijado para el próximo 12 de julio la celebración de la junta de acreedores de Autopista Madrid Sur e Inversoras de Autopistas del Sur, las concesionarias que opera la Radial 4 (R-4) que une Madrid con Ocaña.

En un auto fechado el pasado 21 de marzo, al que ha tenido acceso este diario, la jueza ha acordado poner fin a la fase común del concurso de acreedores de estas sociedades y abrir la fase de convenio.

Los acreedores de estas concesionarias, que están controladas en un 55 por ciento por Cintra (Ferrovial), en un 35 por ciento por Sacyr y en un 10 por ciento por Caja Castilla-La Mancha (CCM), tienen de plazo para presentar una propuesta de convenio hasta 40 días antes de la convocatoria de la junta. Podrán hacerlo, como establece la ley, quienes superen individual o conjuntamente una quinta parte del pasivo total. Las propietarias de la R-4 declararon el concurso de acreedores en octubre de 2012, con una deuda acumulada de 575 millones de euros.

El proceso de la R-4 da así un paso más hacia su resolución. Como ha ocurrido con el resto de autopistas de peaje en riesgo de quiebra en España, el grueso de la deuda financiera de las concesionarias de esta vía está en manos de fondos oportunistas como Taconic Capital, Strategic Value Partners (SPV Global) y King Street. De no mediar un acuerdo entre los acreedores, la jueza iniciará el proceso de liquidación de la concesión y el Ministerio de Fomento tendrá que asumir la gestión de la autopista y encarar el pago de la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA).

La patronal de las grandes constructoras y concesionarias, Seopan, ha actualizado las estimaciones sobre el importe que tendrá que afrontar el Estado por las nueve autopistas en quiebra en 4.037 millones, a lo que suman las expropiaciones (1.000-1.200 millones) y los préstamos participativos y las cuentas de compensación no recuperables (625 millones). Tras fracasar un acuerdo común a todas las autopistas, el sector considera que hay posibilidades de "soluciones individuales" para que alguna de ellas eviten la quiebra. Es el caso de la AP-36 Ocaña-La Roda y la R-2 Madrid-Guadalajara. Esta última tiene fijada la junta de acreedores para el próximo 23 de mayo, después de que la jueza aplazara en casi seis meses su celebración.

Con todo, el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, ha insistido esta semana en que el Gobierno se está preparando para asumir la gestión de las autopistas cuando los jueces lo establezca, para su posterior relicitación. No obstante, en los casos de la Circunvalación de Alicante y de las radiales 3 y 5, los magistrados han anulado las sentencias que ordenaban su liquidación y han devuelto los procesos a la fase de convenio.