Gobierno anuncia la reanudación en 2008 de pruebas de OGM a campo abierto

Al defender ante el Senado el polémico proyecto de ley sobre los organismos genéticamente modificados (OGM), Barnier dijo que una comisión de evaluación creada por decreto permitirá al Gobierno "autorizar desde 2008 pruebas en campos en condiciones de seguridad".

El anuncio de Barnier sobre la reanudación de los experimentos fue denunciado de inmediato por organizaciones ecologistas.

Hace menos de un mes, Francia decidió activar en la Unión Europea la cláusula de salvaguarda y suspender el cultivo del maíz transgénico Mon 810 de Monsanto, la única planta transgénica que había conseguido autorización para ser cultivada en este país, hasta que la Comisión Europea haya efectuado nuevos estudios.

El proyecto de ley sobre los OGM que el Senado empezó a examinar hoy pretende transponer en la legislación francesa la directiva europea sobre los transgénicos que se remonta a 2001.

Al defender el proyecto de ley, Barnier afirmó que es necesario para definir las "garantías de coexistencia entre los cultivos de OGM y la agricultura convencional".

La futura norma -recalcó el ministro- dará un "marco claro a la utilización de OGM en Francia".

Si bien hay que ser "riguroso" en la transparencia sobre las parcelas de cultivos de OGM, el derecho de los ciudadanos de ser informados se acompaña de "deberes", especialmente el de respetar el "derecho de los demás" y de no aprovechar una información pública para "hostigar" a cultivadores de transgénicos, dijo.

Barnier advirtió a los ecologistas que destruyen campos de transgénicos de que el incumplimiento de la ley acarreará sanciones.

El proyecto que el Senado examina hasta el próximo viernes prevé que se publique un registro nacional que precise la naturaleza y la localización de parcelas de OGM.

Los senadores han propuesto agregar al texto un delito de "destrucción de campo", castigado con dos años de prisión que llegarían a tres años en caso de destrucción de una parcela de experimentación.

El texto, por otra parte, estipula que todo explotador agrícola que cultive OGM será responsable del "perjuicio económico" causado por la eventual presencia de transgénicos en la producción de otro agricultor, y deberá suscribir un seguro para cubrir su responsabilidad.

También establece la creación de una Alta Autoridad, integrada por un comité científico y de otro económico, ético y social, que deberá asesorar al Gobierno en todos los temas relacionados con los transgénicos. EFECOM

al/jma