Gobierno exige legalidad empleo y recuerda patronal pidió moratoria a rumanos

Toledo, 29 ago (EFECOM).- El delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Máximo Díaz-Cano, exigió hoy que la contratación de temporeros agrícolas se sustente "en la legalidad y la dignidad" y recordó que la moratoria al libre acceso de rumanos y búlgaros al empleo fue solicitada por agentes sociales que ahora la cuestionan.

En rueda de prensa en Toledo, aseguró que "la Administración del Estado no va a permitir el 'mercadeo' de seres humanos" y, tras desligar el asunto de las políticas de inmigración porque en su mayoría se trata de ciudadanos de la Unión Europea, apuntó que se encuentran en tramitación unas 12.000 autorizaciones en Castilla-La Mancha.

Éstas fueron establecidas a principios de 2007 en una moratoria por dos años a los trabajadores rumanos y búlgaros, quienes pese a ser desde el 1 de enero ciudadanos de la UE requieren autorizaciones expresas de empleo.

Recordó Díaz-Cano que la moratoria fue solicitada por organizaciones de la patronal agraria, aunque algunas de éstas ahora pidan públicamente la suspensión de los trámites para la contratación de rumanos y búlgaros como una de las medidas para evitar la contratación ilegal en el sector.

Opinó que la suspensión de la moratoria le parecía "un planteamiento respetable" siempre y cuando se comparta "por el conjunto de los agentes sociales y económicos".

Acerca de las manifestaciones de dirigentes de Asaja que prevén que la inminente vendimia será "conflictiva" porque "la uva no se dejará en el suelo" y falta mano de obra legal, Díaz-Cano dijo que "podrían estudiarse" acciones si se demuestra que se alienta la contratación ilegal de trabajadores.

No obstante, dijo que es preferible "la sensatez y la prudencia" y eludir nuevos "elementos de crispación".

"No vale eso de conforme bajan del autobús los ponemos a trabajar", enfatizó Díaz-Cano, quien señaló que "ha habido un marco temporal flexible" para haber evitado la situación de falta de temporeros.

Recordó que el plazo para la solicitud de autorizaciones para temporeros terminó el 1 de agosto y se han permitido peticiones posteriores, una de las razones en las que Díaz-Cano basó su afirmación de que "se han dado enormes facilidades para la contratación de extranjeros".

Informó de que incluso a fecha de hoy se continúan admitiendo expedientes con relación nominal de trabajadores.

Además de prórrogas, resaltó la "agilidad de la Administración", ya que calculó en unos tres meses el periodo del trámite para las contrataciones "en origen" a través de las embajadas y entre una semana y diez días para las autorizaciones que no requieren ser hechas en origen.

A juicio de Díaz-Cano, el problema de los asentamientos de rumanos tiene "su origen en la contratación ilegal" y afirmó que en ellos se realizan actividades de inspección de trabajo.

Entre veinte y treinta asentamientos quedan en la región y se encuentra su número y su densidad en disminución, consideró Díaz-Cano. EFECOM

flc/jlm