Empresas y finanzas
Comisión de expertos no cuestiona la autorización del maíz OGM de Monsanto
París, 14 jun (EFECOM).- El Gobierno francés afirmó hoy que ha tomado nota del dictamen de la Comisión de Ingeniería Biomolecular (CGB), que no ha encontrado razones para cuestionar la autorización de cultivo del maíz transgénico de Monsanto.
En un comunicado, los ministros de Medio Ambiente, Alain Juppé, y de Agricultura, Christine Lagarde, dijeron en todo caso la "gran vigilancia" que se presta a la forma en que se cultivan en Francia los organismos genéticamente modificados (OGM).
Los dos ministerios señalaron que la CGB no ha encontrado "elementos que cuestionen la evaluación medioambiental" del maíz MON 810, que está autorizado para su cultivo comercial en la Unión Europea desde 1998.
En su dictamen, los expertos de la comisión indican que esta nueva evaluación, por el protocolo utilizado, no permite determinar si las concentraciones de toxinas observadas corresponden a la producción real de toxinas en las plantas sometidas a prueba.
También cuentan que los estudios en laboratorio muestran un buen control de los individuos sensibles y un trabajo reciente confirma que las variedades del MON 810 tampoco tiene impacto sobre los invertebrados, aparte de sobre aquellos para los que se ha realizado la modificación de sus genes.
Juppé y Lagarde había solicitado a la CGB el pasado 24 de mayo una nueva evaluación de este maíz de Monsanto concebido para combatir los ataques de la piral después de que Alemania hubiera decidido suspender las importaciones.
En Francia, el MON 810 es el único transgénico para el que se ha autorizado el cultivo con fines comerciales.
El pasado año -cuando la declaración era voluntaria- se habían sembrado unas 5.000 hectáreas de este maíz en el país, según los datos del departamento de Agricultura, y la práctica totalidad de la producción se exportó a España.
El Ministerio de Agricultura asegura no contar todavía con los datos de esta campaña, en que es obligatoria la declaración de las fincas para crear un registro nacional público con la superficie de cada una de ellas, pero precisando únicamente en qué cantón están ubicadas, y no su localización exacta. EFECOM
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