Defensor recomienda bienes tangibles se regulen por autoridades financieras

Madrid, 29 may (EFECOM).- El Defensor del Pueblo considera que las sociedades que ofrecen inversiones en bienes tangibles (como era el caso de Fórum Filatélico y Afinsa) deberían ser reguladas por las autoridades financieras y monetarias y no por las de consumo, como ocurre actualmente.

Así lo señala en su Informe Anual 2006, en el que el Defensor del Pueblo reseña las más de 14.000 quejas recibidas de particulares por la estafa filatélica de Fórum y Afinsa, así como las gestiones y tareas realizadas en este sentido.

Para el Defensor del Pueblo, los contratos de inversión de los bienes tangibles se configuran "indubitadamente, como productos financieros, con la oferta de intereses y garantías de recompra", lo que, a su juicio, hace creer a cualquier inversor en la existencia de un mercado regulado y tutelado administrativamente.

Por ello, reclama que sean las autoridades monetarias y financieras las que aseguren la protección de estas inversiones y de los contratos que las instrumentan.

El Informe, en relación directa al caso Fórum-Afinsa, también se cuestiona por qué "la actuación tardía de las diferentes administraciones públicas, en la intervención o información pública sobre el riesgo que dichas sociedades presentaban para sus inversores", cuando estaban siendo investigadas por la Administración Tributaria desde mediados de los 90.

El Defensor del Pueblo, en este sentido, recomienda la búsqueda de alguna solución para los afectados, "teniendo en cuenta que la intervención de los poderes públicos de control hubiera podido disuadir a muchos inversores de depositar sus ahorros en estas sociedades.

Por otra parte, el Defensor del Pueblo muestra también su preocupación por la supervisión que se hace en materia de productos financieros y destaca que el modelo actual del Servicio de Reclamaciones del Banco de España como de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) no consigue "ejercer la protección que pretende sobre los clientes de servicios bancarios ni sobre los inversores".

"La finalidad para la que fueron creadas -ambas entidades- de amparar de forma efectiva a la clientela e inversores, no se cumple", señala el informe.

En este sentido, añade que tanto el Servicio de Reclamaciones como la CNMV "prefieren centrar sus actuaciones exclusivamente en la supervisión de los mercados financieros, dejando en un segundo plano la importancia de la protección al consumidor".

Además, el hecho de que no tengan funciones ejecutivas obliga a los ciudadanos que acuden a estos organismos a "acudir a un procedimiento judicial o arbitral para ver satisfecho su derecho".

El Informe del Defensor del Pueblo también destaca que todavía no se han nombrado los comisionados, previstos en una Ley de 2002 y desarrollados en un Real Decreto de 2004, para la protección de los derechos de los clientes bancarios y para la defensa del asegurado y de los partícipes en planes de pensiones.

Tampoco se ha creado la figura del comisionado para la defensa del inversor, lo que a juicio del Defensor del Pueblo, "pone de manifiesto la falta de interés en el sistema de protección de los inversores".

El Informe también critica la actuación de la CNMV, dado que los usuarios de los servicios financieros "rara vez ven satisfecha su pretensión" cuando se dirigen a este órgano supervisor.

El Defensor del Pueblo también constata la preocupación existente en torno a las empresas de reunificación de deudas, debido a su falta de transparencia y a la potencial vulnerabilidad de la clientela a la que se dirigen. EFECOM

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