UGT propone gravar las viviendas deshabitadas sin justificación

Madrid, 23 abr (EFECOM).- UGT propuso hoy el establecimiento de una tributación especial para aquellas viviendas que se compruebe "fehacientemente" que permanecen deshabitadas de manera permanente y sin causa justificada, dentro de un conjunto de medidas encaminadas a aumentar el atractivo del arrendamiento frente a la propiedad.

En la presentación de esa propuesta, el secretario confederal de Empleo y Protección Social de UGT, Jesús Pérez, explicó que la situación actual -en la que los ciudadanos suscriben hipotecas por plazos de tiempo muy prolongados- es fruto de una "cultura de la propiedad" que ha sido fomentada por las Administraciones Públicas.

Una situación, dijo, que se complica por las numerosas barreras que frenan la expansión del mercado del alquiler, como la inseguridad jurídica de los arrendadores o los altos precios que tienen que pagar los inquilinos.

Por esta razón, Pérez defendió que el 50 por ciento de la Vivienda de Protección Oficial (VPO) se destine a alquiler, así como el incremento de las ayudas directas al arrendamiento y la eliminación gradual del tratamiento fiscal preferente a favor de la propiedad.

UGT cree que habría que establecer ayudas adicionales al inquilino cuando su nivel de esfuerzo económico sea superior al 30 por ciento de sus ingresos, sobre todo para personas que estén por debajo de 2,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM).

El vigente Plan Estatal de la Vivienda (PEV) 2005-2008 establece una ayuda directa al inquilino de 240 euros mensuales durante dos años, una subvención que es tramitada por las Comunidades Autónomas.

UGT pretende que esta ayuda sea mayor y que los mayores de 65 años o personas con discapacidad puedan seguir disfrutándola mientras la necesiten.

Asimismo, el sindicato propone la deducción del 10 por ciento del alquiler pagado en la cuota del IRPF, con un tope máximo de 1.000 euros anuales, para los hogares con ingresos familiares no superiores a 3,5 veces el IPREM.

Pérez también propuso incentivos fiscales para los arrendadores que pongan sus viviendas en alquiler a los mismos precios que los de las viviendas públicas, siempre que el arrendamiento se haga a través de la Sociedad Pública de Alquiler (SPA).

Desde su creación en octubre de 2005, la SPA ha intermediado poco más de 4.000 contratos de arrendamiento, mientras que iniciativas privadas como el Programa de Fomento de Alquiler Garantizado (PFAG), ha firmado más de 20.000 en sus seis primeros meses de funcionamiento.

En este sentido, UGT reclama un refuerzo de las garantías del arrendador, entre las que señala la introducción en los contratos de arrendamiento de una cláusula de sumisión de las partes al arbitraje para la resolución de conflictos, así como el establecimiento de un seguro por impago de la renta. EFECOM

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