Inaem busca soluciones personalizadas trabajadores afectados por ERE Meflur

Zaragoza, 12 mar (EFECOM).- Catorce de los 29 trabajadores afectados por el ERE presentado por las empresas Corporación Meflur y Xtreme Tech ya han acudido a las oficinas del Instituto Aragonés de Empleo (Inaem) para solicitar mediación y ayuda y a todas ellas se les ha trazado un itinerario personal con el fin de reincorporarlas lo más pronto posible al mercado laboral.

El consejero aragonés de Economía, Hacienda y Empleo, Alberto Larraz, ofreció este dato durante su comparecencia ante la Comisión de Economía de las Cortes donde informó, a petición de CHA, sobre las medidas que ha adoptado el Gobierno de Aragón para apoyar a los trabajadores de las empresas del Grupo Meflur afectados por el Expediente de Regulación de Empleo (ERE), así como las medidas para evitar el cierre de las empresas del grupo.

Larraz explicó que la empresa solicitó al Juzgado de lo Mercantil de Huesca, el 3 de enero de 2007, la extinción de relaciones laborales para treinta trabajadores de Corporación Meflur y Xtreme Tech, lo que fue autorizado a principios de marzo, aunque ambas empresas están en situación de "concurso voluntario" a la espera de obtener una resolución.

Finalmente, 29 trabajadores han visto cómo se extinguía su relación laboral con el Grupo Meflur, de los que seis no tienen cualificación, catorce tienen una cualificación media y nueve son personal altamente cualificado.

Los primeros, según Larraz, serán reinsertados al mundo laboral "casi de inmediato", a los catorce con formación media se les va a incluir en programas de formación ocupacional para la reinserción y al resto se les ha prestado asesoramiento para el autoempleo con el fin de que opten por crear nuevas empresas tecnológicas, para las que el Gobierno de Aragón tiene abierta una línea de ayudas específica.

Negó, además, que el Gobierno de Aragón no haya avalado, ayudado o subvencionado a esta empresas, como le reprochan desde el PP y CHA, y recordó que la empresa está inmersa en varios procesos judiciales, entre ellos el interpuesto por la Agencia Tributaria por impagos en el IVA, que generó una retención de más de dieciocho millones de euros.

En segundo lugar, la detención de Bernabé Noyá, propietario del Grupo, por su presunta implicación en una trama nacional de fraude fiscal.

Larraz insistió en que hay que tener "el más absoluto respeto" por las acciones judiciales y recalcó los esfuerzos que su Gobierno hace para reincorporar al mercado laboral a los trabajadores despedidos, así como su apoyo a la empresa, siempre "a la espera de una resolución judicial".

El diputado de CHA Pedro Lobera, por su parte, se preguntó los motivos por los que el Gobierno de Aragón no ha respondido al requerimiento de la empresa para que le sean concedidos dos avales para continuar con una línea de negocio que se ha demostrado exitosa.

Y por el PP, María Paz Alquézar insistió en la presunción de inocencia con que deben ser tratados los responsables de Meflur, así como en los informes sobre la empresa elaborados por su administrador judicial y por UGT, que hacen hincapié en la asfixia que ha supuesto el embargo de las cuentas y la citada retención de 18 millones de euros.

"No hay medidas cautelares contra la empresa y ésta podía haber seguido funcionando al margen del proceso contra el empresario", aseguró la diputada. EFECOM

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